Se trata de la empresa Bema Agri, propietaria de la Isla Irupé, ubicada en el ejido de Victoria, que interpuso una demanda solicitando que se anulen resoluciones de la Municipalidad por las cuales se ordenó a la firma paralizar la siembra, terraplenamiento y toda otra labor que implique movimiento de suelo en la isla.
La firma holandesa también solicitó a la Justicia Provincial la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas del municipio que regulan el uso del suelo en la zona de islas. Se propone realizar un sistema productivo mixto, agrícola ganadero semi-intensivo en una superficie de 560 hectáreas de las más de 9.000 que adquirió, en la Isla Irupé, para lo cual debe controlar los excesos hídricos superficiales y subterráneos con obras de contención que impidan inundaciones y de drenaje, que cuiden la acumulación de agua. Se trata de un terraplén perimetral y un canal colector interno para proteger y extraer los excesos hídricos.
La Municipalidad intimó a la empresa y luego dispuso por resolución que directamente paralice la siembra, el terraplenamiento y toda obra labor que implique movimiento de suelo, bajo apercibimiento y bajo el fundamento de que se trata de usos del suelo no admitidos en la zona donde se ubica la Isla Irupé.
La empresa consideró incompetente al Municipio de Victoria para dictar las normas que impugnó, y dijo que dicha actividad legislativa de la comuna viola el principio de supremacía y significa arrogarse facultades impropias.
Si bien reconoció que la Municipalidad y la provincia tienen competencia concurrente en materia ambiental, según la Constitución de Entre Ríos, Bema Agri cuestionó que la comuna de Victoria haya exigido una solicitud de permiso para realizar las obras en la Isla, que no probó que se hayan afectado intereses locales, y que fue infundada la orden de restituir la tierra removida a sus niveles naturales.
RESUMEN DEPORTIVO
