Victoria, Entre Rios
Ver clima
Localidades
FM 90.3 AM 980
Regionales / 11-03-2019

Los defensores fueron por la absolución de Erro y el fiscal solicitó que se confirme la sentencia

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) escuchó los alegatos de las partes en el marco de la audiencia del máximo […]


El Superior Tribunal de Justicia (STJ) escuchó los alegatos de las partes en el marco de la audiencia del máximo órgano de justicia para resolver sobre los planteos de los abogados defensores del exintendente de Gualeguay, Luis Errro y del exsecretario de Obras Públicas de dicho Municipio, Alfredo Domingo Dellagiustina. Según observó ANALISIS DIGITAL Miguel Cullen (codefensor de Erro) realizó una serie de planteos que apuntaban a marcar las lesiones al derecho a la legítima defensa y las garantías del debido proceso en la condena de primera instancia. En la misma línea se expresaron los abogados de Dellagiustina, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini. Para esto, los defensores plantearon una serie de agravios que fueron rechazados por el fiscal Gamal Taleb quien solicitó que se confirme lo actuado por la primera sentencia y el posterior fallo de Casación. La defensa solicitó a Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio la absolución de los dos condenados a dos años y tres meses de prisión condicional más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los defensores dieron el puntapié a la jornada de audiencia en el marco de la causa –conocida como- del medidor en la cual el exintendente de Gualeguay y un exfuncionario de su gabinete fueron condenados por los jueces María Angélica Pivas, Javier Cadenas y Sebastián Gallino. Esa condena fue apelada por Cullen, Guillermo Vartorelli, Federik y Lambruschini pero Casación les denegó el planteo y esto motivó que los abogados defensores acudan al STJ.
El primero en hablar fue Cullen, en representación de Erro, planteando una serie de falencias tanto del fallo de primera instancia como la decisión de la instancia casatoria. “Luego del proceso, ya en la sentencia misma se generaron circunstancias que violentaron el derecho a la defensa. Esto lo pusimos en consideración desde el juicio y después en Casación. Pero Casación no nos respondió los planteos que realizamos. Lo primero que planteamos tiene que ver con que no hubo una imputación concreta del hecho por el cual se lo acusó y condenó a mi defendido”, advirtió Cullen.

Según la defensa del exintendente, en ningún momento se precisó cuando ocurrió el delito. Aseguró que se puntualizó en un solo acto realizado el 18 de mayo del 2009 y que en otra instancia se habló de un plazo aproximado de un mes. Sin embargo, según Cullen esto no fue incluido en la imputación. Respecto a esto, al plantearlo ante Casación, el tribunal de instancia superior no sólo no respondió lo planteado sino que le agregó mayor “incertidumbre” al hecho que se imputó. Según la defensa, Casación dijo que el medidor fue “aproximadamente utilizado unos días”, lo cual según Cullen aumenta las dudas respecto a cuándo se cometió el delito.
Otro de los hechos controvertidos por la defensa tiene que ver con cuestiones que fueron incluidas en la sentencia pero que no habían sido imputadas en primera instancia. Lo que planteó la defensa –en coincidencia con Lambruschini/Federik- es que no pudieron ejercer su rol debido a que se acusó a los dos condenados de un hecho distinto al por el que se los terminó condenando. “El fallo aseguró que el acto se utilizó con la intención de captar voluntades para la campaña de Erro, eso nunca fue incluido en la imputación y si está en la condena”, explicó.

En esa línea, Cullen argumentó: “Si esto hubiese estado incluido en la imputación, uno le hubiese podido preguntar a los testigos sobre este tema, si hubo elementos proselitistas de dicha campaña, si las reuniones se habían realizado con ese fin, etc.”, señaló el codefensor de Erro. Algo similar dijo Lambruschini, al decir que con el cambio introducido en la sentencia “ha dejado a estas defensas con un carácter irrelevante”.

Respecto a otro de los agravios planteados por la defensa tiene que ver con el análisis de la prueba: “No hubo pericias, ni pruebas. La jueza dijo que se gastó 68 kilovatios, lo que arribó a un costo de 101,99 pesos. Es decir, se acusa por un gasto menor al papel que usamos en este expediente. Además, la jueza introduce un link de una web de la distribuidora eléctrica de Río Negro y no de Entre Ríos para analizar los costos”, aseguró Cullen.

Además, puntualizó en que durante el plazo investigado allí funcionaba la Secretaría de la Mujer del Municipio y que todas las actividades eran acorde a ese local. Sin embargo, para los defensores fueron desoídos los testimonios de quienes participaron de dichos encuentros por parte del tribunal.

“El tribunal fue parcial porque introdujo elementos por fuera de las partes, evitando nuestra posibilidad de defender el hecho que se condenó. Acá hubo incorporación de pruebas por encima de las partes”, fustigó Cullen.

Por último, en cuanto a los argumentos defensivos, Federik se refirió al dolo incluido en la condena: “El dolo se prueba porque surge de indicios positivos que se levantan de la circunstancia y por los cuales se puede determinar el conocimiento de quien comete un ilícito. La revisión de los indicios positivos de la circunstancia deben ser más que los negativos y en este caso esto se dio de manera inversa”.

El defensor de Dellagiustina insistió en que no se le puede endilgar a su defendido que haya habido conocimiento del hecho por el que se lo condenó: “El 17 de abril firmó la nota habilitando el medidor para la Secretaría de la Mujer. El acto político proselitista que se acusa en la causa, fue el 18 de mayo, es decir un mes después de la firma de la nota. No se puede acusar a mi defendido de que haya sabido del acto al momento de la firma”.

Los defensores hicieron reserva del caso Federal pero de manera previa solicitaron que sus defendidos sean deslindados de la condena.

Taleb pidió que se confirmen las sentencias

El fiscal Gamal Taleb solicitó lo contrario a la defensa, que se confirme lo actuado por el primer tribunal y Casación.

“La acusación no se limitó al acto político del 18 de mayo, sino que se determinó que desde el 17 de abril hasta el 22 de mayo se utilizó para actividades que no eran estatales ni de interés público promovidas por un privado. El acto fue sólo un hito en ese hecho”, explicó Taleb.

Otra de las respuestas de Taleb refirió al inmueble en cuestión: “Se ha hecho referencia a una Secretaría de la Mujer. Eso no existió, es un hecho falso, nunca existió. Lo que era ese lugar, es la casa del padre del intendente Luis Erro, no una Secretaría de la Mujer. Si hubo reuniones de mujeres pero la sentencia entendió que se trataron de actos inscritos en una actividad proselitista”.

“El peculado se introdujo desde un principio en el expediente. La calificación legal de la sentencia fue exactamente la misma”, aclaró el fiscal.

Se refirió también al hecho planteado por la defensa en cuanto al principio de insignificancia. Según Taleb, cuando se trata de delitos de la administración pública no rige el principio de insignificancia: “Nosotros gastamos más dinero en papel porque debíamos hacerlo. Ese medidor no debió haber estado nunca en esa casa y ese dinero nunca debió haberse gastado”. “Se apartó de la esfera pública el consumo de esa electricidad entre el 17 de abril y el 22 de mayo y generó un perjuicio patrimonial. No importa de cuánta plata se está hablando”, fustigó.

Carubia, Mizawak y Giorgio deberán resolver en los próximos días sobre lo planteado por la defensa y la acusación.


Comentarios

No hay comentarios

Debes estar logueado para poder comentar.