El juez Federal Leandro Ríos se pronunció ayer sobre la causa que tiene como principal implicado al exdirector de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi. Para el magistrado el empresario agropecuario comandó una empresa criminal dedicada al narcotráfico entre el 18 de junio de 2019 y 8 de marzo de 2024. Esa organización, según surge del procesamiento dictado por el magistrado, contó con la colaboración de distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puente Rosario- Victoria y cruce Diamante.
Tal ayuda optimizaba el funcionamiento de la banda, ya que les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de cocaína o marihuana y, con eso, reducir el riesgo en caso de ser interceptados. De las escuchas telefónicas surge que personas ligadas al narcotráfico pretendían acercarse a políticos de Santa Fe con quien Airaldi habría tenido vínculación.
Junto a Airaldi, a quien el juez le trabó un embargo superior a los seis millones de pesos, fueron procesados e impedidos de sus bienes los otros 17 detenidos.
El juez dispuso que sigan bajo arresto preventivo en la cárcel Airaldi, Jimena Burne, Armando Balcaza, Sebastián Armocida, Juan Erbes, Roberto Coronel y Walter Olivero. En tanto que para Tanya Kranevitter, Marino Martínez, Joel Damián Schonfeld, María Soledad Cáceres, Emanuel Enrique Cuello, Cristian Sánchez, Marcelo Larrosa, Melanie Erbes, Carlos Schumacher, Keila Ramos Luto y José Nicolás Godoy.
Los roles
El juez Ríos consideró que Airaldi era el organizador, proveedor, financiador. Que Coronel por su cargo como sargento de Policía era el encargado de las tareas logística. También aparece un empleado municipal de Diamante como parte de la banda y Olivero, un empleado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Sub Oficial de la Policía de la vecina provincia.
En el procesamiento de 465 consta en detalle cada uno de los roles ejercido por los imputados. Para el juez, la comercialización de estupefacientes fue en la ciudades de Diamante y Paraná.
Airaldi, es para el juez quien organizaba las diferentes adquisiciones de la droga, con el objetivo final de su distribución y venta, dirigiendo a sus asistentes y colaboradores mediante la impartición de órdenes de diferente tenor.
Impartía instrucciones a Tanya Kranevitter relativas al manejo económico y financiero de la actividad ilícita, ordenando pagos y transferencias a distintos miembros de la organización.
Asimismo, daba instrucciones a Cáceres respecto del comercio y traslado de los tóxicos, como también relativas a cobranzas a distintos miembros y vendedores de la organización.
También daba instrucciones y directivas a Balcaza y Armocida respecto del resguardo, transporte y distribución de los tóxicos y del dinero producto del cobro por la venta. De igual modo, daba instrucciones a Coronel respecto de la administración, logística y seguridad de las distintas actividades ilícitas de la organización.
Asimismo, se reunía y comunicaba con Erbes, quien administraba y atendía el Bar Mandela, sito en calle Colón Nº 228 de Diamante para la coordinación del transporte, resguardo, venta y distribución de la droga.
También, según el juez, Airaldi mantenía de manera fluida y frecuente, contactos y vínculos estrechos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales a los fines obtener información actualizada y en tiempo real respecto de los controles y procedimientos de la fuerza preventora de la provincia de Entre Ríos, todo ello con el objetivo de optimizar y decidir la oportunidad y el modo del transporte y comercio de los estupefacientes por parte de la organización.
Jimena Irupé Burne (pareja de Airaldi) asistía y colaboraba, de modo permanente, con Airaldi en la totalidad de las actividades de la organización descripta, en especial en lo relativo al transporte y comercialización de los tóxicos aludidos en el Bar Mandela. También, en algunas oportunidades, vendió estupefacientes a distintos compradores.
Kranevitter, expareja y madre de dos hijos mellizos de Airaldi, administraba las empresas de éste y el manejo económico y financiero de la actividad ilícita, realizando pagos y transferencias a distintos miembros de la organización y, en ocasiones, impartía directivas a miembros de la organización relativas a cuestiones de la administración de la organización ilícita. Cáceres, desde aproximadamente septiembre de 2022 hasta mediados del año 2023, colaboraba en el comercio, traslado, almacenamiento y venta de los tóxicos y se ocupaba de las actividades relativas a cobranzas.
(Fuente: Diario Uno)
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