Por estos días, tres nombres marcan agenda en el binomio “justicia & política”; dueto que no tendría que “retroalimentarse y cuestionarse”, sino más bien mirarse con total y absoluto respeto y compromiso por las decisiones que tales espacios efectivizan.
Tres nombres en este caso, que pertenecen a la justicia federal, encontrándose enmarcados por una figura legal, denominada “per saltum”, cuya significancia, tiene que ver con que determinada situación será estudiada por la Corte Suprema de Justicia. Ellos son:
- Leopoldo Oscar Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal desde la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de la Capital Federal
- Pablo Daniel Bertuzzi de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
- Germán Andrés Castelli de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº7 de la Capital Federal.
La punta de lanza de esta situación, tuvo su escenario en el Congreso de la Nación, cuando el senado aprobó la remoción de los mencionados con antelación, amén de otros nombres. Automáticamente la tríada federal mencionada, solicitó su revisión a la CSJ, bajo la figura legal conocida como Per Saltum ; la cual fue aprobada por unanimidad. (cronología al pie de los audios entrevista).
Desde LT39 NOTICIAS, entrevistamos al Doctor Idelfonso Esnal, para hablar al respecto; prestigioso letrado de nuestra ciudad, que oportunamente ocupara una diputación provincial en las filas de la recordada UCD (Unión del Centro Democrático) entre 1987-1991; también la fiscalía de Estado de la provincia y el Ministerio de Gobierno y Justicia entre los años 1995-1999, durante la gestión del ex gobernador Jorge Busti; amén del desarrollo de su actividad en el foro local.
Éste, en primera instancia al hacer un paneo de la situación; hizo hincapié en la necesidad de respetar el espacio y lugar que le cabe a cada uno de los poderes de todo estado; ejecutivo, judicial y legislativo.
“La justicia es algo más que un tironeo político, si no se respeta la división de poderes, no hay república”, enfatizó. (audio).
Luego se refirió a la significancia del recurso de Per
Saltum, conceptualizando a éste, como un instrumento excepcional que permite
llegar a la Corte Suprema saltando las instancias intermedias.
En el proceso normal de una causa, luego de un fallo de primera instancia,
interviene la Cámara de cada fuero, abriéndose consecuentemente la posibilidad
de presentar el caso ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario
o, si éste no es admitido, el denominado recurso de queja.
El per saltum (“por salto” en latín) es una vía excepcionalísima. De hecho, la ley habla de “cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido”.
En el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, plantearon dos recursos: el per saltum ante la Corte Suprema y el recurso de apelación ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que oportunamente logró conformarse con la jueza Clara Do Pico.
La Corte se expidió sobre la admisión del recurso, pero no sobre la cuestión de fondo. Ahora debe expedirse nuevamente el Consejo de la Magistratura y el procurador Eduardo Casal. Como el máximo tribunal acortó los plazos y decretó días y horas inhábiles, es muy probable que la decisión sobre el fondo sea muy rápida.
El fallo entonces, repone a los jueces en funciones, pero los magistrados ya habían pedido una licencia, por lo que no habría cambios. (audio).
Cronología…
1-El senado nacional
El oficialismo aprobó en el Senado la remoción de tres jueces que investigan a Cristina Kirchner en causas de corrupción.
Se trata de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Falta la firma final de Alberto Fernández. Juntos por el Cambio no convalidó el trámite y se retiró del debate.
Después de que se desconectara el bloque de Juntos por el Cambio, que acusó a Cristina Kirchner de imponer una agenda para impedir el avance de causas judiciales en su contra, el Frente de Todos definió el desplazamiento de tres jueces:
.Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que instruyeron la llamada causa de los Cuadernos en la que se investigó una trama de corrupción política y empresarial en la obra pública.
.El juez Germán Castelli que integra el tribunal a cargo del juicio oral para esa causa.
Durante todo el debate y en el momento de la votación no estuvo presente la Vicepresidenta y la reemplazó Claudia Ledesma Abdala. El secretario Parlamentario Marcelo Fuentes leyó la lista de votos, como se hace en cada sesión para chequear el método remoto y nombró a cada senador ausente y la intención del voto de los presentes que arrojó un resultado de 41 votos afirmativos.
“Debería decir por unanimidad”, bromeó el peronista José Mayans que como jefe del bloque del Frente de Todos insistió en la precisión. Los únicos opositores que acompañaron la decisión oficialista fueron Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).
El avance del tratamiento de los tres pliegos se apuró tras la ausencia de los tres magistrados a la audiencia del viernes 4. Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos y vice del bloque del Frente de Todos, abrió la lista de oradores como miembro informante. Recordó que se analizan diez pliegos de jueces trasladados, pero que siete jueces “se sometieron a preguntas de los senadores y senadores, describieron los motivos de su traslados y su labor y muchos fueron muy ilustrativos, incluso en un caso explicaron que pidieron su traslado por presiones recibidas en el anterior lugar que ejercía su cargo”, planteó en referencia a Eduardo Farah.
“Nuestra Constitución reconoce que ningún poder del Estado se puede imponer sobre otro poder y es así que todo tramite, como es la designación de jueces, cuando no es cumplido acabadamente debe ser corregido y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó sobre la revisión remitida por el Poder Ejecutivo para la consideración de la Cámara alta que la oposición cuestionó. También apuntó que los traslados se realizaron para “perseguir” opositores y en línea con lo dicho días atrás por Cristina Fernández, “para buscar impunidad” a ex funcionarios macristas.
Sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli, resaltó que “no acudieron a la audiencia, no se presentaron, desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a una audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de su traslado” y agregó que “desde la oposición convalidaron los dichos de estos señores jueces”.
Y se preguntó: “¿Qué podemos esperar de estos jueces que se niegan a cumplir con el mandato constitucional para el cargo que aspiran estos tres jueces que se han negado a participar de una audiencia para poder cumplimentar el procedimiento especial, constitucional de acuerdo del Senado?”. Y alertó que “han demostrado tener un desaire no a una fuerza política, no al oficialismo sino lisa y llanamente le han faltado el respeto al Senado de la Nación y a la Constitución Nacional que deberían defender”.
“Cuando se hace un traslado de un juez se lo toma como un nuevo nombramiento por eso el Senado tiene que intervenir”, añadió sobre la designación por decreto presidencial del juez Leopoldo Oscar Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal desde la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de la Capital Federal; el pase de Pablo Daniel Bertuzzi de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y finalmente el traslado del juez Germán Andrés Castelli de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº7 de la Capital Federal.
En esa línea argumental adelantó que tanto Bruglia como Bertuzzi cumplen “una función diversa a la que fueron designados”, y que en el caso de Bertuzzi cambió de jurisdicción, de La Plata a Comodoro Py mientras que Castelli pasó de una jurisdicción distinta, de San Martín a la Capital Federal. Pidió además agregar una precisión a los textos de los dictámenes que pasaron por la comisión de Acuerdos.
En el caso de Bruglia, especificó que el traslado se realizó “con distinta competencia en razón del grado y de la materia, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. En el caso de Bertuzzi también pidió “dejar plasmado lo obvio” que el traslado, consideró, se concretó “con distinta competencia en razón del grado, de la materia y del territorio, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. Por último en el dictamen de rechazo a Castelli se agregó que su traslado se realizó a un juzgado “perteneciente a una jurisdicción territorial distinta a aquélla para la cual fuera designado”.
“Aceptar estos traslados es aceptar que existen dos sistemas de selección de jueces: uno es el artículo 99 inciso 4 de la CN y otro es el que usó el gobierno anterior que es una selección de jueces a la carta, elegidos según conveniencia”, sostuvo la mendocina en un fuerte discurso que esta vez no tuvo correlato con la oposición que se retiró molesta por la falta de diálogo, la falta de consenso para renovar el protocolo de funcionamiento remoto y la agenda parlamentaria, incluida la Reforma Judicial y la remoción de los tres magistrados en el día de hoy.
“No estamos sacando jueces que nos molestan. Este tema se origina en el Consejo de la Magistratura cuando nos encontramos con los traslados de un juez de Mendoza y uno de La Plata”, defendió la postura María Inés Pilatti Vergara quien indicó que el proceso se inició con una auditoría para analizar todos los casos de traslados de los últimos cuatro años.
Desde Tierra del Fuego el senador de La Cámpora Matías Rodríguez coincidió con Fernández Sagasti y remarcó que “el Consejo de la Magistratura indica que ante cambio de jurisdicción o de materia es un nuevo nombramiento que se aparta del mandato constitucional”.
Mario Pais, de Chubut, remarcó que los tres jueces “entraron por la ventana al cargo que tienen, porque incluso Bruglia estaba desde el 93 y no pasó por el Consejo de la Magistratura”, en referencia al argumento a favor de quienes sostienen que para el cargo de origen ya habían recibido Acuerdo. Pais citó las acordadas 4 y 7 de la Corte
“Me sorprende que senadores de la oposición planteen una alianza con quienes desoyen al Senado”, criticó el catamarqueño Dalmacio Mera.
Luego habló Adolfo Rodríguez Saá que se preguntó “qué relación tiene esto que estamos tratando con la ausencia de los senadores de la oposición, qué relación pueden tener las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que habló de golpe de estado y de que no habrá elecciones el año próximo, qué relación tienen los titulares de los diarios que en este momento sostienen que la oposición se fue para no convalidar la remoción de jueces” y consideró “correcto y constitucional” el procedimiento, incluso afirmó que la sesión arrancó con quórum y con la participación de todos los bloques. “Intencionalidad hay en las ausencias, intencionalidad hay en los titulares de los diarios en este momento”, consideró luego de leer Infobae.
“Soy oposición y sin embargo estamos acá”, se despegó de Juntos por el Cambio
el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) que mencionó el
artículo 99 de la Constitución que pone límites a las facultades presidenciales
respecto a la designación de jueces de la Corte, jueces y funcionarios
judiciales, embajadores, jefe de Gabinete, ascensos militares y Estado de
Sitio. El ex gobernador citó jurisprudencia desde el 2000 al 2018 que determina
que “no se puede saltar de jurisdicción ni de función”. Fue el mejor defensor
del oficialismo al enumerar los traslados de jueces: “En el gobierno de Carlos
Menem, 2; en el de Fernando De la Rúa, 2; en el de Eduardo Duhalde, 2; Néstor
Kirchner, 5; en los ocho años de Cristina Fernández, 13, y en los cuatro años
de Mauricio Macri, 21. Es decir que en los últimos tres años se dan
prácticamente la mitad de los traslados desde la creación del Consejo de la
Magistratura”. Cuestionó fundamentalmente la ausencia de los jueces en la
audiencia porque “eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la
judicial” y reclamó que “este Senado no puede tener tolerancia con
jueces que no respetan la Constitución”.
Citó la defensa de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en base a la acordada 7 de la Corte Suprema. “Los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas precedentemente deberán cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos”, advirtió sobre el texto firmado por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Pero en estos casos nunca fueron llamados los concursos, nunca hubo la intención. Los traslados se dieron después de las acordadas 4 y 7 con las advertencias de la Corte”, enfatizó y hasta alertó: “Si validamos que un juez puede ser trasladado sin acuerdo del Senado también podríamos estar en el absurdo de que un presidente designe un reemplazo de la Corte Suprema”.
2-El accionar de la Corte Argentina & el freno
Después de una reunión absolutamente a “puertas cerradas”, la Corte Suprema argentina paralizó este martes el traslado de tres jueces federales.
Los cinco magistrados supremos no resolvieron el fondo de la cuestión, pero optaron por aceptar el recurso de los jueces debido a la “gravedad institucional inusitada” del asunto.
El Gobierno, sus parlamentarios y el Consejo de la Magistratura, controlado por el kirchnerismo, argumentan que Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los jueces en el centro del conflicto, fueron colocados de forma irregular en tribunales federales por el anterior presidente, Mauricio Macri, y consideran necesario desplazarlos de sus actuales puestos para corregir la supuesta anomalía inicial.
Amén de aquello, vale recalacar, que Bruglia fue quien ratificó la investigación sobre el “caso cuadernos” sobre presuntas comisiones ilegales percibidas por Cristina Fernández de Kirchner; que Bertuzzi condenó por corrupción a Amado Boudou, vicepresidente durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; y que Castelli es quien debe juzgar el “caso cuadernos”. Los tres son considerados enemigos por la poderosísima vicepresidenta.
El intento de trasladar a los tres jueces es paralelo a la reforma judicial emprendida por el Gobierno de Alberto Fernández como cuestión prioritaria.
Puede resultar sorprendente que en plena pandemia, con las dos cámaras del Parlamento obligadas a sesionar de forma virtual y bajo una durísima crisis económica, la cuestión judicial sea considerada de máxima prioridad. Para la oposición, el objetivo consiste en domeñar a los jueces y garantizar la impunidad de la vicepresidenta.
La postura presidencial…
Cuando los tres jueces afectados apelaron directamente a la Corte Suprema saltándose instancias intermedias, en el llamado per saltum, y la Corte aceptó debatir el caso, Alberto Fernández se enfureció.
“¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte [Carlos Rosenkrantz]? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”.
“Lo único que estamos haciendo nosotros”, explicó el presidente de la República, “es restablecer un orden perdido en el gobierno anterior. ¿Qué pasaría si yo buscara un juez que me cae simpático y lo pongo en el juzgado vacante de Claudio Bonadío [el fallecido juez que imputó a la vicepresidenta]? Si hiciera eso sería un escándalo. Lo que quiero decir es que eso es lo que hicieron”.
Que el presidente, profesor de Derecho penal, cuestionara con tanta aspereza a los cinco magistrados de la Corte Suprema, resultó sorprendente.
Más extraño fue un mensaje de la vicepresidenta y principal impulsora de los traslados. Cristina Fernández de Kirchner dijo que la Corte Suprema quería mantener a los tres jueces en la Cámara Federal “para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”.
Los miembros de la CSJ
Según medios capitalinos especializados en la temática, fue inusual la unanimidad de los cinco miembros de la Corte Suprema, ¿porqué aquello?, porque el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, y el anterior, Ricardo Lorenzetti, mantienen discrepancias jurídicas y personales.
Los otros tres, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, tampoco se entienden bien.
En la justificación de su voto, Rosenkrantz escribió que en la causa “podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales, es decir, el derecho a permanecer en sus puestos mientras dure su buena conducta (artículo 110 de la Constitución)”.
“Es inocultable”, siguió, “que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues en su decisión se encuentra comprometida una institución básica del sistema republicano, cual es la independencia del Poder Judicial”.
Fuentes de la Corte Suprema indicaron que la resolución definitiva se adoptaría en el plazo máximo de dos semanas. Leopoldo Bruglia, uno de los tres jueces cuestionados, dijo que la decisión de paralizar los traslados era “muy sana para la justicia en Argentina”. El presidente de la opositora Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, declaró que la decisión de la Corte Suprema suponía “un respiro democrático”.
El sábado, manifestantes de la oposición desfilaron ante el domicilio particular del juez supremo Lorenzetti, en una maniobra de coacción que el presidente Alberto Fernández calificó como “el más vil de los escraches, algo propio del fascismo y del nazismo”. Durante la noche del lunes, decenas de opositores protagonizaron una vigilia ante el Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema, con pancartas como “Mafia o República” y “Justicia independiente”.
Otras situaciones de PER SALTUM, en la historia contemporánea de nuestro país
El recurso obtuvo regulación legal a fines de 2012, mediante la Ley 26.790, al incorporarse al Código Procesal Civil y Comercial, que en el artículo 257 bis dispone: “Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
Desde la sanción de la Ley 26.790, el recurso fue admitido una sola vez. En ese caso, hubo una sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de la reforma judicial y el Estado nacional planteó el tema en el máximo tribunal, sin deducir recurso de apelación; saltó la instancia.
La Corte declaró admisible el per saltum que había presentado el gobierno nacional contra los dos fallos de la jueza María Servini, y finalmente declaró inconstitucional la nueva ley del Consejo de la Magistratura de la Nación que había presentado el kircherismo.Hubo otros antecedentes menos recordados.
En la década del 90, un juez de primera instancia dictó una medida que frenó el proceso privatizador de Aerolíneas Argentinas. La Corte tomó en estudio ese expediente y dictó una sentencia en la que admitió la “gravedad institucional” y anuló la sentencia del magistrado sin haber pasado antes por la Cámara de Apelaciones.
También se utilizó el per saltum en la causa conocida como “Operación Langostino”, en 1994. El juez Bernando Vidal Durand dispuso la excarcelación de un grupo de narcotraficantes que habían intentado traficar 588 kilos de cocaína dentro de langostinos congelados. La Corte intervino y los devolvió a prisión.
(Fuente para relatar la cronología de la situación, Infobae y otros portales nacionales).
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