La primera de las resoluciones corresponde a la presentación que el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia, iniciara hace aproximadamente dos años, amparando a dos inmobiliarias locales. “Éstos pidieron la inconstitucionalidad de unos artículos de la ordenanza tributaria, alegando que no les correspondía pagar la tasa de seguridad e higiene; se quieren poner en el mismo lugar que los abogados, médicos, arquitectos, entre otros profesionales, pero la diferencia entre unos y otros está en que los Corredores son auxiliares de comercio, de acuerdo al Código de Comercio, y lo que realizan son actos de comercio, y por lo tanto, la municipalidad les presta un servicio en los locales que ellos tienen y deben pagar la tasa mencionada”, dijo Marchese.
Agregó que es un caso interesante como antecedente, “porque tiene consecuencias en toda la provincia de Entre Ríos, y es retroactiva a tiempo de la presentación”.
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