Asimismo, la legisladora entrerriana señaló que esta ley “es un paso importante que se suma a las distintas acciones que desde el gobierno nacional se vienen desarrollando en contra de la explotación infantil, como el Plan Nacional de Combate al Trabajo Infantil que está vigente en Argentina desde 2006 y las inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo para detectar trabajo infantil, entre otras cuestiones”.
La nueva norma establece de uno a cuatro años de prisión para aquellos que ejerzan la explotación laboral de menores. La misma establece que la pena afecte al “que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.
Además, el texto, que incorpora el artículo 148 bis al Código Penal, señala que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, y que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”.
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