Se divulgaron ayer los fundamentos de la sentencia por la cual se condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo a la expriora del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Luisa Ester Toledo. El documento que consta de casi 400 fojas repasa la declaración de cada uno de los testigos, entre ellas el de la imputada por privación ilegítima de la libertad por dos hechos.
Después de la investigación iniciada en el año 2016, a fines de 2018 finalmente llegó la condena, “la epata recursiva es lo que hace que se dilaten los tiempos hasta que se comience a cumplir la pena”, explicó el fiscal Taleb, quien consideró que está agotada la etapa de apelación.
En cuanto al pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa, Taleb recomendó al juez, que el pedido sea tratado por el Juzgado de Ejecución competente para establecer el régimen de cumplimiento de pena.
El hecho tiene aspectos inéditos en la justicia argentina, y lo demuestra la complejidad de la causa: “fue extremadamente complejo armar la imputación”, recordó el fiscal al referirse a los aspectos particulares de los casos, y para resolver los argumentos de la defensa, que planteaba que las personas que se encontraban en el convento lo hacían “voluntariamente”.
“Esta persona quería volver a la regla de Santa Teresa y San Alberto, tomaba el lenguaje en sentido literal, es por eso que las castigaba con celdas, corporalmente, se querían ir y no las dejaban…, mortificándolas y destruyendo la personalidad de estas personas”.
En la declaración de Toledo ante el tribunal, a través del cual rechazó todos los cargos en su contra, se definió como una mujer que pasó toda su vida en una casa religiosa. “Yo no viví: viví toda mi vida en un colegio donde teníamos misa todos los días y nos confesábamos todas las semanas. Fue una vida muy santa la que tuve la gracia de vivir, a pesar de que no tuve a mi padre, ni a mi madre ni a mi hermana”, dijo.
Luisa Toledo habló ante el tribunal que primero la juzgó y después la condenó a 3 años de cárcel, el 5 de julio último, bajo el cargo de privación ilegítima de la libertad agravada. “Quiero declarar. No tengo nada que ocultar”, dijo. Negó, de plano, haber aplicado tormentos a las dos monjas que la denunciaron ante la Justicia, Roxana Peña y Silvia Albarenque, y aseguró que siempre se ciñó a lo que establecen las constituciones de la orden de las carmelitas descalzas, “aprobadas” por el extinto papa Juan Pablo II. “Nunca actué de esa manera”, aseguró, al negar la aplicación de tormentos en la casa religiosa.
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