“A río revuelto…Ganancia de pescador”. La frase se ajusta bastante bien a una realidad que nos toca muy de cerca a los victorienses: la explotación sin control de nuestras islas. De otra forma no se explica, como es que pasan las décadas sin que tomemos conciencia de una de nuestras mayores (si no la mayor) riquezas, y la necesidad de su preservación. Solo el grito insistente de organizaciones no gubernamentales, y el choque de algunos intereses trae al tapete el tema, que esta semana, por ejemplo, continuó con el debate en la Cámara de Diputados de la provincia, en la Comisión de Tierras y Hacienda a través del análisis por primera vez el proyecto de Ley de Regímenes de permiso de uso de islas fiscales, protección de humedales y declaración de emergencia ambiental. Una mano importante también dio la propia naturaleza que golpeó con su desequilibrio la puerta con tanta fuerza que obligó a no dilatar más el debate.
La ley provincial
Del encuentro del martes 14 de junio en en Parana participaron el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana. El proyecto, presentado por la exdiputada María Emma Bargagna, contempla, por un lado, el régimen de permiso para el uso de las islas fiscales “sus fracciones o lotes, bañados y anegadizos que pertenezcan al dominio público provincial o que, en lo sucesivo ingresaren a él por reivindicación y nulidad de títulos o cualquier otro título o modo”. También contiene la protección de humedales que “constituyen patrimonio ambiental sujeto a la protección del Estado”. En ese punto, la iniciativa señala: “Las infracciones a la prohibición de uso de plaguicidas o agroquímicos o cualquier otra conducta reñida con la protección de los ecosistemas del Delta, será causal de resarcimiento económico a favor de la Provincia por la situación de riesgo creada y los daños ambientales y perjuicios ocasionados por las malas prácticas”.
En su Capítulo III, declara “la emergencia ambiental en las islas o fracciones de islas fiscales abarcadas por el régimen de esta Ley y en todos aquellos inmuebles del dominio público o privado comprendidos por el sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos”
A la vez, prohíbe “el desmonte a tala rasa de bosques nativos, selvas ribereñas y selvas en galería en el territorio de jurisdicción provincial comprendido por el artículo anterior”.
La prohibición alcanza “toda modalidad de endicamiento, represamiento y obstaculización de los cursos de aguas públicas de conformidad a los normas del Código Civil y Comercial de la Nación y Constitución Provincial”.
También crea el “Consejo Consultivo” para la elaboración de una propuesta de marco regulatorio del uso del Delta, las islas y fracciones de islas fiscales y privadas de jurisdicción provincial.
Mejor tarde que nunca
Bargangna, en diálogo con el periodista Victor Elizalde, en Radio Victoria comentó que en el primer encuentro se abordaron temas relacionados a la “seguridad jurídica” que tiene el Estado para preservar el humedal y la necesidad, como punto de partida, de tener un conocimiento concreto del espacio y de quien lo ocupa. “Teníamos la necesidad de determinar primero cual es exactamente la superficie que le pertenece al dominio público de Entre Rios…Al respecto el Fiscal de Estado explicó que superficie insular es de un millón de hectáreas, de las cuales la Provincia ha ido perdiendo tierras, contando en la actualidad con 500 mil hectáreas”… A esto nos referíamos al comienzo de la nota con “A río revuelto…”, a lo que adhiere la ex diputada, “Hay gente que ha ocupado las islas por muchos años, hablamos de grandes terratenientes, no de pequeños productores, gente con tenencias importantes, y no se explica cómo la Justicia le otorga la propiedad a través de reconocimientos de usucapión, cuando jamás se puede reconocer propiedad sobre el dominio público”.
Otro aspecto básico, según comentó Bargagna fue acordar no tratar el tema como “suelo”, sino como “humedal”, ya que esto cambia sustancialmente la forma de su tratamiento por la importancia. “La norma a partir de allí debe determinar que tipo de producción se puede hacer, que destino puede tener la ocupación de las islas y humedales”
Desmanejo
La creciente del 2007, y la muerte de unos 15 mil animales ahogados en las islas de Victoria, desnudó varias irregularidades, y hasta el día de hoy no se sabe quienes explotaban esas zonas cobrándole a productores de todo el país que traían ganado a pastar a Victoria. La sospecha de testaferros, y las siempre intricadas adjudicaciones abonaron sospechas que ninguna gestión tuvo demasiado interés en esclarecer, pera que cambiará si se avanza “y se cumple” la nueva ley. “Hay muchas irregularidades de ocupantes, que en su mayoría no son entrerrianos, y que para colmo no tienen conducta para tratar a la naturaleza y al ecosistema, generando situaciones perjudiciales y merecen atención”, aseguró Bargagna.
Primera propuesta
En el encuentro de esta semana se coincidió en dar mayores herramientas a la Dirección de Tierras Fiscales para fortalecer su poder de policía en la zona, ya que en la actualidad la misma se encuentra prácticamente desmantelada (otra vez el rio revuelto), con una simple oficina en Paraná, y sin siquiera un vehículo para “arrimarse” al río. Con este fin se propuso generar el pago de un canon a la hora de distribuir las tierras para solventar los costos que implicaría la reactivación de esta área.
En la Nación también comenzaron el debate
Agrupaciones socio ambientales, ONGs, investigadores de organismos públicos, la Defensoría del Pueblo de la Nación y distintas agrupaciones de productores participaron la semana pasada del debate abierto sobre la Ley de Humedales, organizado por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Senadores de la Nación, que tiene muchos puntos en común con la que de debate paralelamente en Entre Rios.
El propio presidente el pasado 3 de febrero había dado impulso al proyecto, pero no pareció uno de los temas de mayor interés de los legisladores, ya que de los 31 ediles que integran las dos comisiones a las que le compete el tema, solo nueve estuvieron presentes.
En el año 2012, diversas agrupaciones socio ambientales plantearon la necesidad de una ley que tutelara directamente los humedales, ya que, por sus características particulares no cuadran dentro de las categorías ya establecidas en las otras leyes de presupuestos mínimos (no son ni bosques, ni glaciares), y están siendo avasallados ante el avance desmedido de emprendimientos privados sobre los bienes comunes.
Los humedales brindan servicios ecosistémicos valiosísimos, algunos de ellos indispensables para la vida: como la purificación del aire y del agua y el hecho de ser reservorios de agua dulce y recarga de acuíferos. Las agrupaciones sociambientales que vivimos en zonas de humedales, observamos la degradación que padecen estos ecosistemas y las comunidades que lo habitamos debido a la falta de regulación, que ha llevado a un deterioro ambiental y social incalculable.
En muchos países actualmente se están invirtiendo enorme cantidad de recursos para restaurar humedales por haber perdido los servicios ecosistémicos que se estos brindaban, y acá, donde aún quedan humedales relativamente en buen estado de conservación, los estamos destruyendo… por eso era (y es) URGENTE la necesidad de contar con herramientas legales para poder preservar estos ambientes.
De esa necesidad real y urgente fue que nacieron los primero proyectos de ley de presupuestos mínimos de Humedales, que luego quedaron truncos debido a la dilatación del sistema legislativo, ya que el año pasado perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados el proyecto unificado que había sido aprobado por unanimidad en esta Cámara en el año 2013.
La necesidad y la urgencia de proteger los humedales cada vez son mayores, porque el avance del extractivismo y las urbanizaciones (el llamado “progreso”) aumenta y los impactos sobre los humedales cobran una mayor magnitud. Para citar un ejemplo: actualmente gran parte del litoral se encuentra bajo agua (y uno de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales es la amortiguación de inundaciones). De haberse realizado un buen manejo de los humedales (y NO habiéndolos canalizado, endicado y secado), muchas de esas zonas podrían no haberse inundado.
Críticas
Una de las críticas que se le han hecho a este proyecto de ley supone que este va en contra de la “producción” y en el debate en el senado fueron varios los sectores que se expresaron a favor del desarrollo de emprendimientos considerados por los ambientalistas como “insustentables”.
RESUMEN DEPORTIVO
