El reciente femicidio de Soledad Andino en la ciudad de Victoria, ha generado un profundo repudio y puesto en el centro de la escena el accionar del sistema judicial. El Instituto de Derecho de las Mujeres, Géneros y Disidencias, cuya directora es la Dra. Florencia Rojo, junto al Colegio de Abogacía de la provincia de Entre Ríos, emitieron un comunicado conjunto expresando su “bronca por la impunidad” ante un crimen que consideran evitable.
En diálogo, la Dra. Florencia Rojo explicó que el comunicado surge desde “las tripas de la bronca” al constatar que, a su juicio, faltan políticas públicas y representación legal con perspectiva de género para las víctimas. La crítica principal apunta al “acuerdo”, entre comillas, que se realizó previamente entre el agresor de Soledad y la víctima, derivando en un juicio abreviado con condena condicional. Este tipo de “acuerdos” entre denunciados y víctimas en situaciones de violencia de género es algo que el Instituto viene debatiendo intensamente.
Para la Dra. Rojo, como profesional con 10 años de experiencia acompañando mujeres en situación de violencia, “no se puede hacer ningún acuerdo con alguien que te haya violentado”. Sostiene que un acuerdo parte de la premisa de igualdad de condiciones, algo que “Soledad y su femicida” no tenían. Los delitos previos por los que estaba imputado el agresor eran amenazas, lesiones y privación de la libertad. Permitirle quedar libre tras un acuerdo, según Rojo, envía el mensaje de que puede seguir hostigando, violentando y persiguiendo.
Asimismo, la directora del Instituto considera que la interpretación de la fiscal de que “no había desobediencia” o “antecedentes” es “muy errada de la realidad y del derecho”. Explica que si una persona está siendo denunciada por desobediencia, “ya hay un antecedente de que no le está creyendo la justicia, que no hace caso lo a lo que dice un juez o una jueza”.
El juicio abreviado en este caso, según Rojo, “no tendría que haber ido”, y el juez que lo homologó “no se tendría que haber aprobado”. El juicio abreviado, detalla, surge para delitos menores como hurto, con el fin de evitar la cárcel y establecer normas de conducta para la reinserción, no para casos de violencia. Critica que el sistema penal, a diferencia del derecho de familia, deshumaniza y solo ve hechos (“esto sucedió, no sucedió”), no el contexto completo de lo sucedido.
Entre las demandas del Instituto y el Colegio, se destaca la exigencia de que la justicia “se forme y cumplir con la ley Micaela”. Consideran que la aplicación de esta ley sigue siendo una “utopía” para el poder judicial de Entre Ríos. La Dra. Rojo afirma, con conocimiento de causa tras haber estado “adentro” del sistema judicial, que la capacitación oficial es mínima (cinco diapositivas que dicen qué dice la ley y nada más), y quienes aplican la ley lo hacen formándose de manera independiente. Atribuye esta falencia a la falta de “voluntad política y humildad de parte del sistema judicial”, que muestra “soberbia” y le molesta que “alguien de afuera” les diga cómo aplicar la ley, en contraste con el horizonte de educación popular que propone la Ley Micaela.
Otra crítica apuntó a la designación de funcionarios judiciales “a dedo” en lugar de por concurso y mérito. Mencionó que la fiscal del caso es el tercer caso que le pasa lo mismo y que el juez que homologó el acuerdo salió séptimo en un concurso, designados ambos “a dedo”. Esto, sumado a la falta de un “sentido de urgencia” del sistema judicial, que está muy lejos de la urgencia de la gente que llega a un juzgado, contribuye a que estos casos sigan ocurriendo.
El Instituto y el Colegio también cuestionan la política pública en seguridad para las mujeres. Compararon la cantidad de dinero destinado a perseguir multas de tránsito, involucrando juzgados de paz, policía y funcionarios, con la falta de inversión en “pulseras de control a los violentos”. Para la Dra. Rojo, Soledad murió porque no pudo activar el botón antipánico. La solución, a su criterio, no es pedirle a la víctima que se defienda (“que antes de morir se apriete el botón antipánico”), sino que haya “una policía funcionando y una tobillera que persiguiera el Bornóz donde estaba”. Implementar tobilleras, aunque “no queda lindo para los diarios”, es una “decisión política” posible y necesaria, frente al “cinismo” de gobernantes que “destilan odio permanentemente”, “dicen que los femicidios son homicidios” y “la violencia de género no existen”.
La situación actual es “desesperante”. La Dra. Rojo relató la dura realidad de quienes acompañan a las víctimas a diario: atender llamadas a cualquier hora, buscar refugio, vivir con el miedo constante. El impacto en los hijos, que quedan huérfanos a manos de sus propios padres, es otro aspecto que “no interesa” a la sociedad en su conjunto, según la entrevistada. “¿Qué tiene que pasar para que a la sociedad en su conjunto le importe?”, se preguntó.
Ante este panorama, se convoca a la manifestación que se realizará este jueves 15 de mayo en Victoria para pedir la renuncia de la fiscal. El Instituto y el Colegio seguirán señalando lo que está mal, a pesar de las amenazas y la “violencia muy compleja” que recibe incluso su presidenta del Colegio de la Abogacía. La Dra. Rojo hizo un llamado a la acción pública: “Salimos a la calle”, ya sea asistiendo a marchas o realizando repudios públicos, para que el femicidio de Soledad Andino “no sea un tema más”.
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