El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, presidido por la jueza Noemí Berros, rechazó este jueves el pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) presentado por la defensa de los apicultores Jesús Alberto Magallanes, Oscar Alberto Magallanes y Miguel Ramón Morales. Los tres están acusados de haber provocado un incendio de gran magnitud en el Delta del Paraná el 23 de agosto de 2022.
“Esta Fiscalía considera que en un caso como el presente, en el cual la imputación versa sobre la realización de conductas que derivaron en el acaecimiento de incendios en grandes dimensiones con peligro para el bien común, el conflicto penal suscitado tiene entidad y gravedad suficiente para ser resuelto a través de un juicio oral y público”, sostuvo el fiscal general José Ignacio Candioti, quien se opuso a la probation, argumentando la gravedad del hecho y su impacto ambiental.
El rechazo fue oficializado mediante la resolución N° 75/25, en la que el TOF adhirió a los fundamentos del Ministerio Público Fiscal. Así, el juicio oral y público se llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo, y 12 y 13 de junio en la ciudad de Victoria, con la participación de más de 15 testigos, incluidos especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Un delito con impacto ecológico y social
Candioti destacó la “elevada magnitud del injusto” que significaron los incendios, cuyos efectos llegaron hasta Rosario y Buenos Aires, afectando la salud de la población por la propagación de cenizas. Durante el juicio se proyectarán videos que documentan la destrucción provocada en los humedales.
Los tres imputados enfrentan cargos por estrago doloso, delito tipificado en el artículo 186 del Código Penal, que contempla penas de 3 a 10 años de prisión cuando se generan incendios u otros actos que impliquen peligro común.
Este será el segundo juicio vinculado a los incendios en el Delta. El primero, realizado en noviembre de 2023, concluyó con condenas a dos personas por quemas intencionales en islas cercanas a Victoria. Ahora, esta nueva causa reactiva la preocupación por la crítica situación ambiental del humedal, un ecosistema esencial que sufre una creciente degradación.
Argumentos del Ministerio Público y la jueza
En su argumentación, el fiscal Candioti señaló que “la suspensión del juicio a prueba se encuentra reservada para supuestos de ilícitos de poca lesividad, y el MPF considera que tal circunstancia no resulta aplicable a los hechos aquí investigados”.
También subrayó que no puede soslayarse que “se trata de un delito cuyo bien jurídico protegido es la seguridad pública” y explicó que los humedales cumplen funciones claves: “su protección es primordial, ya que permite el mantenimiento de la diversidad biológica, la paliación de inundaciones, reparo al cambio climático y la provisión y abastecimiento de agua”.
Más adelante, agregó: “El compromiso del Estado Nacional en la tutela del ambiente constituye una obligación primordial no sólo de cara a la sociedad actual, sino, para garantizar el aprovechamiento del ambiente de las futuras generaciones”.
Resolución judicial y antecedentes del caso
Al resolver, la jueza Berros hizo suyos los fundamentos del fiscal: “solamente a través del debate oral y público podrá resolverse, en definitiva, la verdadera participación de los incursos en una cuestión tan trascendente como lo es la vinculada al resguardo del medio ambiente”.
Asimismo, aclaró que “la decisión de su rechazo no reviste el carácter de sentencia definitiva”, por lo que la defensa podría volver a pedir el beneficio si, llegado el momento, el fiscal solicitara una condena de cumplimiento condicional.
Según la acusación, el incendio fue provocado antes de las 12:45 del 23 de agosto de 2022, en la zona del Arroyo El Tigre, Islas Lechiguanas, departamento Gualeguay. El fuego se expandió sobre los pastizales del humedal, consumiendo unas seis mil hectáreas, de acuerdo al relevamiento realizado ese mismo día por la Prefectura Naval Argentina.
(Fuente: Análisis Digital)
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