Solo unas cuantas llamadas le alcanzaron al Tribunal de Cuentas para dejar al descubierto la maniobra del, por entonces empleado de Desarrollo Social de la Provincia, y que derivó en una investigación administrativa, a través de la Fiscalía de Estado, donde los beneficiados defraudados se enteraron de que habían sido beneficiados con un subsidio de Desarrollo Social que nunca tuvieron en sus manos. En el curso de la investigación judicial se comprobó que Oñativia en el 2019 estafó a 18 personas.
El caso se conoció en septiembre de 2021, y fue la propia vicegobernadora Laura Stratta quien efectuó la presentación ante el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
La jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata rubricó un acuerdo de juicio abreviado por el cual un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, Joaquín Ignacio Oñativia, aceptó la pena de 3 años de prisión condicional, el pago de una multa y la devolución al Estado de 300 mil pesos por haber cobrado en forma irregular una serie de subsidios de terceras personas, quienes nunca llegaron a acceder a esos beneficios.
El fiscal Gonzalo Badano, que llevó adelante la pesquisa, acusó a Oñativia por 18 casos en los que truchó datos de beneficiarios potenciales para quedarse con el monto de los subsidios que les entregaba el Estado.
En un acuerdo de juicio abreviado, el empleado de Desarrollo Social aceptó su responsabilidad en los hechos y recibió la condena de tres años de prisión de ejecución condicional, la devolución del monto sustraído en esos casos ($240 mil, cifra que, actualizada, llegaría a los $300 mil) el pago de una multa de $90, por cuanto se demostró el interés por beneficiarse con las maniobras ilícitas y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos
Además, a Oñativia se le impuso la obligación de realizar tareas comunitarias durante 3 años.
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