La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Moreau, inició este martes el debate de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con la exposición de asociaciones de alquileres, inquilinos, propietarios y de inmobiliarias. En ese marco hubo un marcado contrapunto entre los entrerrianos que expusieron, en representación de los inquilinos y de los corredores inmobiliarios.
Se debate especialmente sobre la modificación de dos artículos de la Ley de Alquileres: el que fija un plazo mínimo de tres años para los contratos, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.
“El Estado estuvo ausente”
El primero de los representantes entrerrianos en exponer fue Jonathan Villanueva, de Inquilinos Agrupados Entre Ríos, quien defendió los tres años de contrato y la actualización anual, aunque reconoció que la ley se puede mejorar y denunció la “ausencia del Estado” en el control del cumplimiento de la norma.
El estudiante de Comunicación Social, inquilino de un monoambiente en Paraná, se quejó en su intervención: “No sé por qué hablan por parte nuestra”, tras lo cual defendió la actual Ley de Alquileres: “Nosotros creemos que los tres años dan previsibilidad y la actualización anual es muy importante. Es cierto que el índice esta pensado de manera porteña, busquemos otro índice, pero tiene que ser anual y por debajo de la inflación”.
Aunque lamentó que un trabajador debe destinar el 50% de su sueldo mensualmente para pagar un alquiler y desembolsar sumas irracionales para ingresar, expresó que, sin embargo, “el laburante durante un año paga el mismo alquiler” con la ley actual.
“Es importante generar políticas para que el acceso a la vivienda sea más fácil. Mientras tanto, es importante que el acceso a la vivienda de alquiler también sea más fácil”, consideró. En ese sentido, apoyó la creación de un impuesto a la vivienda vacía, ya que “va a igualar la demanda y la oferta”, porque “la teoría del libre mercado no funciona”.
“Los honorarios los debería pagar el propietario, porque el servicio del corredor inmobiliario es solo para el propietario de la vivienda”, resaltó.
Fuente: UNO
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