No fue el primer caso de un concejal que era cuestionado por incompatibilidad para cobrar más de un sueldo de la administración pública, pero el de Pedro Mansilla fue uno de los más ruidosos por trabajar en el sector del Iafas de Casino Victoria, entidad con la que ya tenía una relación complicada, y por ser el principal referente del Intendente, Domingo Maiocco en el Concejo Deliberante.
El 28 de mayo de 2018, a través de la resolución N° 470/18, el Iafas dejó sin efecto la licencia excepcional sin goce de haberes que se le había otorgado a Mansilla. El mismo texto legal dispuso su reincorporación a su puesto de trabajo en el Casino Victoria; y a la vez rechazó el reclamo sobre los salarios no gozados, en virtud de encontrarse vigente y consentida la licencia otorgada por el Iafas.
A través de la resolución N° 355, del año 2016, el organismo le concedió a Mansilla licencia sin goce de haberes en virtud de haber sido electo concejal de la ciudad de Victoria. Cuando concluyó su mandato en el Concejo Delibernate, Mansilla elevó la petición de reincorporación a su empleo en el Casino de Victoria pero también el pago de salarios no gozados. A través de la resolución N° 479, del año 2018, el Iafas había dispuesto que no le correspondía percibir salarios.
Esta semana trascendió el decreto N° 3.425, fechado el 8 de noviembre de 2021, donde el Poder Ejecutivo ordenó al Iafas “disponer las medidas necesarias tendientes a abonar los salarios no percibidos por el agente Pedro Alejandro Mansilla”. La medida se apoya en un dictamen de la Fiscalía de Estado, que consideró que el reclamo de Mansilla para que se le abonen los salarios que dejó de percibir mientras debió pedir licencia para ocupar una banca en el Conejo Deliberante de Victoria “tiene asidero legal y frente a ello no puede rechazarse, solamente bajo el argumento de oponerle al interesado la firmeza o estabilidad de un acto, máxime cuando se advierte que el mismo porta un vicio grave que lo torna nulo”.
Si bien no se conoce oficialmente el monto que se le adeuda al ahora funcionario municipal, se estima que superaría los 4 millones de pesos.