Este lunes comenzó el ciclo de capacitación de funcionarios municipales sobre cuestiones de género prevista en la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela. La actividad se desarrolló con protocolo en la sala municipal del Cine Teatro Victoria contando con la participación de funcionarios, concejales y municipales en el comienzo de los talleres con los cuales se busca formar a todo el personal municipal en esta materia.
“Recordando las palabras de la mamá de Micaela García, Andrea Lescano, esta ley es de carácter preventivo y no punitivo, motivándonos a trabajar para transformar esta realidad que para las mujeres y diversidades se hace muy difícil. Hay que poder incorporar la perspectiva de género y la conciencia de clase, para ir aportando a construir una sociedad mejor, más igualitaria, respetuosa y con más oportunidades para todos”, destacó el intendente Domingo Maiocco.
En el marco del cumplimiento de la Ley Micaela, el Municipio de Victoria comenzó con las capacitaciones para todo su personal con el objetivo de transmitir herramientas conceptuales con perspectiva de género, (de) construir sentidos comunes que cuestionen la desigualdad y la discriminación y promover la transformación de sus prácticas cotidianas.
La capacitación es coordinada por el área de la Mujer y Diversidad Municipal que lleva adelante Marina Di Orio y contó con la exposición de las psicólogas Stella Cistola y María Luisa Pérez, además de la Licenciada en Comunicación Social Ana Fiol. Participó de manera virtual la responsable del Área de Diversidad de la provincia, Alejandra Elcura, siendo obligatoria para todas las personas que trabajan en el ámbito municipal, sea cual sea su función. Es decir 1030 agentes que serán formados en 14 encuentros a desarrollarse con turnos previos los lunes y viernes.
La Ley Micaela fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y lleva su nombre en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
La misma establece que todas las personas que trabajan en la función pública de la Argentina deben recibir capacitación obligatoria sobre temas de género y violencia de género.
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