Sobre la venta de lotes (Fuente La Capital de Rosario)
Anuncios de venta de parcelas de la isla proliferan en páginas web del rubro inmobiliario que ofertan lotes -fundamentalmente en la zona del Paraná Viejo- a partir de 30 mil dólares, “escriturados”, “con escritura”, “de posesión inmediata contra escritura”. En algunos ya hay edificaciones y otros se proponen para explotaciones comerciales, por ejemplo de paradores o cabañas con amarras, en lo que evidencia la ocupación de un territorio perteneciente al sistema de humedales -área natural protegida y reserva de usos múltiples- y además pone al descubierto un mecanismo que la propia Municipalidad de Victoria impugna: “Las islas son del dominio público del Estado provincial y no pueden ser vendidas a particulares ni adquirirse por prescripción”, dijo Elías Eduardo Ruda, del municipio entrerriano.
Asesor letrado de la comuna, el abogado contó que recibieron varias denuncias de compradores recientes que hasta acompañaban un boleto por miles de dólares para acreditar la operación. Pero quienes pagan por un terreno no solo se exponen a dar un paso en falso o a ser víctimas de una estafa, sino sobre todo a no poder edificar ya que el temperamento de Victoria ante las nuevas construcciones es dar aviso a la policía y radicar una denuncia penal por intento de usurpación, afirmó Ruda. El quid de la cuestión es que lo verificable en todo caso es el uso o la posesión precaria de la tierra, no así el dominio. Así lo confirmó José Ellena, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario: “Hay muchas irregularidades porque los títulos (de propiedad) no están consolidados”.
Isla tomada
Hace poco el gobierno de Entre Ríos denunció a un hombre que además de vender lotes fue sorprendido cuando intentaba hacer calles en la isla, apuntó el abogado Ruda. El proceso de ocupación del territorio, que viene ocurriendo hace años pero en los últimos tiempos se muestra exacerbado, deriva en intentos de transferencia de los bienes a terceros -con ofertas vía internet o a través de carteles in situ- o de blanqueo ante la Municipalidad.
Superan la centena quienes ya construyeron sin título de propiedad y están comenzando a acercarse al municipio de Victoria porque aspiran a regularizar su situación, puesto que en rigor incumplen la normativa local. A éstos la Dirección de Obras Privadas les otorga un plazo de dos años para tramitar ante la provincia el permiso de uso y de hecho los acompañan en la gestión, “siempre que se trate de situaciones antiguas, que pretendemos regularizar”, continuó Ruda.
La Capital tuvo acceso a uno de los dictámenes que la Asesoría Letrada emite en el marco de este tipo de presentaciones, donde se reafirma que las islas del delta son de dominio público del Estado provincial según el artículo 235 (inciso d) del Código Civil y Comercial de la Nación. “Solo pueden desafectarse del dominio público mediante una ley nacional, ese es el marco jurídico”, amplió Ruda y subrayó: “El suelo de la isla solo puede ‘tenerse’ u ‘ocuparse’ con un permiso administrativo o concesión administrativa del gobierno de Entre Ríos”. En ese sentido, la Municipalidad no visa planos de mensura, que es un requisito indispensable para escriturar, por eso recomendó a cualquier interesado en adquirir terrenos en esa geografía realizar previamente todas las averiguaciones.
En una línea similar se expresó José Ellena, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros). “La situación en la isla es que no hay mucho porcentaje de las propiedades que tenga títulos perfectos, es decir los títulos no están consolidados porque las posesiones son precarias. Las personas obtienen el uso pero no el dominio pleno”, detalló, y admitió que esto propicia las irregularidades, por lo que recomendó “antes de cerrar un negocio verificar la documentación que se exhibe”.
Ellena también describió un mecanismo histórico para obtener o reclamar los usos o posesiones de la tierra en las islas. “Lo que hacen muchos es establecerse, realizar algún acto posesorio como hacer una casa, pedir un servicio y que les liquiden los impuestos”, contó. Por último, alertó que las inmobiliarias de Rosario no pueden vender propiedades en ese territorio de Victoria porque es otra jurisdicción, así que para intermediar en cualquier operación deben trabajar en forma conjunta con una firma que esté inscripta en el Colegio de Corredores correspondiente.
Ordenamiento territorial
El territorio insular es muy valioso desde el punto de vista ecológico porque pertenece al sistema de humedales, sin embargo el año pasado sufrió graves daños a causa de la ola de incendios permanentes. En ese contexto crítico el Concejo municipal de Victoria creó un comité para planificar los usos del suelo. “Sabemos que hay desarrollos inmobiliarios, más que nada frente a Rosario. Vemos a diario que la zona se va copando y nos preocupa sobremanera porque la normativa indica que no están permitidos; sin embargo avanzan”, sostuvo la concejala Carla Almada, autora de la ordenanza que en agosto de 2020 creó el comité de ordenamiento territorial.
Desde entonces, el espacio del que participan ediles, funcionarios municipales y provinciales, y organizaciones ambientalistas -entre las que se destaca la Fundación Humedales, de carácter internacional y con experiencia en otros ordenamientos territoriales- promovió reuniones entre los múltiples sectores que componen esta compleja trama. Almada, del Frente de Todos, detalló algunas conversaciones: con la mesa de ganadería, con el Colegio de Arquitectos, incluso con autoridades de la Justicia de Faltas para que se efectivicen las multas labradas ante la detección de irregularidades.
Por otro lado, la Dirección de Tierras Fiscales de la provincia vecina “trabaja con el tema de las intrusiones ya que la bajante del río Paraná permite el acceso por tierra (a algunos predios) a través de la traza vial; están haciendo un relevamiento intensivo en las islas y como consecuencia se abrieron causas civiles y penales”, continuó la concejala y admitió: “La realidad va por fuera de la legislación: hay ocupaciones irregulares, más cerca de Victoria tenemos viviendas precarias y ranchos pero en el otro lado (por la costa que se enfrenta a Rosario y su zona metropolitana) se ven otro tipo de construcciones”.
“Nuestra mirada es proteccionista y sustentable”, finalizó sobre el comité, al que imagina como una política pública a largo plazo.
Asignaturas pendientes
“Cualquier desarrollo inmobiliario en las islas tiene que cumplir con la normativa de la Municipalidad de Victoria, con la legislación ambiental porque se trata de humedales y además debe ser autorizado por las autoridades competentes”, advirtió por su parte Laura Prol, del Taller Ecologista. Entre los aspectos legales a contemplar se encuentra el Plan Integral Estratégico para la conservación y el aprovechamiento de la región Delta del Paraná (Piecas), que diseñaron en conjunto las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires en 2014.
“Este programa de ordenamiento territorial establece que no se puede realizar ninguna intervención que altere o degrade los ecosistemas del humedal. A su vez Entre Ríos elaboró en 2015 y 2016 el plan Delta Sustentable, basado en el Piecas. Pedimos que esto se implemente”, planteó la militante ambientalista, poniendo sobre el tapete que ya existen distintas normativas, legislaciones y recomendaciones en la materia. Sin embargo, su aplicación aún no es efectiva y los controles revisten una asignatura pendiente.
RESUMEN DEPORTIVO
