La medida fue adoptada en el marco de las políticas implementadas por el STJ, a partir de la declaración de la Pandemia COVID-19, y garantizar la prestación del servicio de justicia a los ciudadanos.
Los protocolos aprobados por el STJ tienen la finalidad de establecer un conjunto de directivas que posibiliten y uniformen el decreto y celebración de remates públicos judiciales en condiciones de seguridad, transparencia y publicidad con las garantías necesarias para la realización de ese acto procesal. Asimismo, son compatibles con los cuidados de orden sanitario impuestos con motivo del COVID-19, hasta tanto se cuente con el software y hardware propio de la subasta electrónica.