Desde hace unos días la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar la primera plana de los medios de comunicación; ya que el Juez Federal Claudio Bonadio la procesó con prisión preventiva, pidió el desafuero y embargó por 50 millones de pesos; al procesarla por supuesta “traición a la Patria” y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA.
En su fallo el juez dio por probada la “existencia de una maniobra delictiva que tenía como finalidad normalizar la relaciones con la República Islámica de Irán, a costo de provocar la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní”, buscados por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994.
“Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados”, sentenció el juez.
Para ello elaboraron el Memorandum de Entendimiento con Irán y procuraron ponerlo en marcha “en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados”, dice el fallo.
“Este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner” junto a Timerman y otros acusados, advirtió el juez.
Sobre la ex Presidenta, Bonadio remarcó que “la imputada impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y, principalmente, al canciller Héctor Timerman”.
La investigación se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación.
“Solicítese al Honorable Senado de la Nación, el desafuero de Cristina Elisabet Fernández, con el fin de cumplir con la prisión preventiva dispuesta (artículo 70 de la Constitución Nacional y artículo 1° de la ley N° 25.320)”, solicitó en un oficio enviado hoy a la Cámara Alta.
Se desprenden del procesamiento legal términos específicos en materia de derecho; por lo cual este medio se acercó hasta el estudio del letrado y ex Legislador Provincial Doctor Daniel Sobrero, político y radical de la primera hora, amén de haber ejercido por años la docencia en la materia Instrucción Cívica, para que nos interiorice técnicamente respecto de conceptos como Desafuero y el no menos álgido Traición a la Patria.
Desafuero (artículos 68 y 69 de la Cosntitución Nacional)
- Artículo 68 Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
- Artículo 69 Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
“Los legisladores tienen algunas prerrogativas otorgadas por la Constitución Nacional en respaldo a la alta función que realizan y asi asegurar la independencia del congreso y las legislaturas provinciales, tiene asi dos prerrogativas conocidas como privilegio, es decir que no pueden ser molestados en función de las opiniones que realicen en cumplimiento a su función, siempre en referencia a lo que dijo en el momento de sus funciones, mientras ejerce su mandato tiene la prerrogativa de no poder ser interrogado o molestado por las opiniones que realicen”, explicó Sobrero.
Agregando que también gozan los legisladores de la inmunidad de arresto, que a diferencia de la otra se adquiere desde el momento en que es elegido.
“Hay una ley del año 2000 que regula el desafuero, es la ley 25320, que reglamentan los artículos 69 y 70 de la Carta Magna, ahí dice claramente que no puede ser arrestado sin pedir el desafuero”, destacó.
El ex legislador recalcó también lo concerniente al domicilio “no puede ser allanado su domiclio, ni sus oficinas, ni tampoco puden ser escuchados o acceder a sus cartas y documentación”, dejando en claro que ésto se aplicó cuando fue el Caso Julio De Vido, cuando se intentó allanar y no se pudo, por lo que hubo que pedir el desafuero.
“Sobre los pasos correspondientes al desafuero debe acompañar copia que justifique el desafuero, luego va a comisión de asuntos constitucionales y ahí va directo para que produzca dictámen dentro de los 60 dias, analizando las pruebas. El tratamiento dentro de los 180 dias se trata con despacho o sin despacho de comisión, igual va al plenario de la cámara de senadores y ahí se resuelve, entonces si se produce el desafuero”. (ver recuadro explicativo sobre desafuero).
El Doctor Sobrero consideró oportuno mencionar el pedido de indagatoria, “es una medida de prueba favorable al imputado hacia la defensa de sus derechos y demostrar que no está involucrado en ningún delito, así como también hay que tener en cuenta que si el pedido de desafuero es por algo que el legislador dijo o escribió en cumplimiento de sus funciones, es rechazado In Líimine , es decir sin otro estudio, nisiquiera lo trata la cámara”, explicó
- Respecto del delito de traición a la patria
- Es muy grave la traición a la patria, pero el Código Penal que lo reglamenta, habla de traición al nación y las penas son gravísimas, es tratado por los artículos 29, 36 y 119; de los cuales el 29 es el más conocido por todos, ya que su existencia data desde 1853, como reflejo de la época de Don Juan Manuel de Rosas y también lo tuvo Viamonte como gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir otorgarle la suma del poder público.
- ¿Porqué el Juez Bonadío se basó fundamentalmente en el artículo 119 de la Carta Magna? Según algunas apreciaciones?
- Ese artículo el 119 es el más importante en esta causa, ya que habla de la traición contra la nación, que consiste en tomar las armas contra ellos o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda, lo cual claramente supone un estado de guerra, por lo que el Juez Bonadio consideró que los ataques a la Embajada de Israel y a la Amia fueron un acto de guerra.
“La ex presidenta no deja de ser una ciudadana, sólo que a uno le causa sorpresa y yo creo que el problema mayor es la prisión preventiva, tal vez el juez se apuró y tendría que haberlo hecho más adelante”.
Pasos del desafuero
El juez Claudio Bonadio pidió el desafuero contra el diputado la senadora de Unidad Ciudadana y expresidenta Cristina de Kirchner en el marco de la investigación por el Memorando con Irán. La legisladora, por su condición, se encuentra amparada por los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional, por el cual cuenta con libertad e inmunidad de opinión y de arresto. Sin embargo, podría activarse el procedimiento para realizar su desafuero y posteriormente su detención. La solicitud pasará “de manera inmediata” al Congreso, donde será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara que corresponda. En el caso de la exmandataria, de aprobarse recaería en la Cámara alta. La comisión, presidida por Marcelo Jorge Fuentes “deberá emitir dictamen” bajo mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de las firmas. El tiempo máximo establecido para llevar a cabo el dictamen es de 60 días, señala la ley 25.320. Asimismo, reglamenta que “la Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión”. En el recinto, para que el proceso de desafuero sea aprobado serían necesario el voto de dos tercios de los legisladores. En caso de que sea rechazado el pedido de desafuero, “el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla, continuando la causa según su estado”.
El único caso de traición a la Patria en la Argentina terminó con una condena a perpetua
Existe un antecedente en la Argentina de un ciudadano condenado por traidor a la Patria. Ocurrió en 1936, y su caso tiene nombre y apellido: Mayor Guillermo Mac Hannaford, por entonces ayudante del Jefe del Ejército Argentino, General Nicolás C. Accame. Fue acusado de vender información clasificada de nuestro país a Bolivia y a Paraguay. Si bien su caso aún mantiene muchas zonas grises, el malogrado militar pasó los siguientes veinte años de su vida olvidado en una celda, hasta su indulto que le llegó pocos años antes de su muerte. Esta es la historia del llamado “caso Dreyfus criollo”.
Hijo de un sastre inglés y de una madre de ascendencia francesa, Mac Hannaford se destacó en el Ejército por su nivel de instrucción, y su dominio de lenguas extranjeras. Tal fue así que cuando vino de visita al país el General Pershing, aquel que encabezara la famosa misión punitiva contra Pancho Villa, fue el propio Mac Hannaford quien lo acompañó. Y cuando el Príncipe de Gales –futuro rey de Gran Bretaña- estuvo en nuestro país en un particularmente caluroso marzo de 1931, también le cupo al militar oficiar de edecán del impuntual miembro de la Casa Real.
Cuando el general José F. Uriburu derrocó a Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, Mac Hannaford estuvo a cargo de la Oficina de Orden Social, un organismo encargado de controlar todas aquellas manifestaciones, especialmente anarquistas y opositoras al gobierno.
Cuando estalló la guerra del Chaco, en 1932, que enfrentó a Bolivia con Paraguay, fue nombrado agregado militar en el primer país. No fue un conflicto sencillo para Argentina, ya que detrás de su pregonada neutralidad, ayudaba descaradamente por debajo de la mesa al Paraguay, enviándole armamento, municiones y víveres. Era una cuestión que se manejaba desde Casa Rosada sin la intervención de Cancillería. El creciente clima de hostilidad en Bolivia hacia los argentinos determinó que un año después Mac Hannaford emprendiera el regreso a Buenos Aires.
Aún lo ignoraba, pero su carrera militar estaba llegando a su fin. Fue cuando visitó el país el presidente norteamericano Franklin D. Roosvelt, quien estuvo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1936. Venía a hacer pesar la postura norteamericana en las discusiones por los acuerdos de paz que se desarrollaban en Buenos Aires entre Bolivia y Paraguay, cuyo resultado inmediato sería el Premio Nobel de la Paz para el canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas.
Mac Hannaford fue uno de los edecanes que acompañaron al mandatario extranjero. Hay fotografías que lo muestran en el recinto del Congreso cuando Roosvelt pronunció, el 1 de diciembre su discurso ante políticos, diplomáticos extranjeros y cientos de invitados especiales. Una sesión que pasará a la historia cuando la alocución fue interrumpida por el grito de “Abajo el imperialismo!”. Había sido Liborio Justo, uno de los hijos del entonces presidente Agustín P. Justo, parado a escasos pasos del norteamericano.
Cuando el presidente Roosvelt abandonó el país en el buque de guerra “Indianapolis”, Mac Hannaford fue detenido mientras leía el diario en el jardín de su casa, en la zona norte del conurbano ¿Los cargos? Espionaje.
En los 14 cuerpos que componen la causa contra este militar, se esconde una trama en las que las verdaderas motivaciones que llevaron a recibir semejante acusación, aún no salieron a la luz. Se lo acusaba de vender información secreta de nuestro país a Bolivia, mientras se desarrollaba la Guerra del Chaco. Él, como ayudante del jefe del Ejército, tenía en custodia diversa información sensible.
A lo largo del juicio, salió a la luz que Mac Hannaford apostaba en el hipódromo los sábados y que concurría a una casa de citas, que regenteaba una mujer llamada Jorgelina Argerich, en las que alternaba con diversas mujeres. También se lo vinculó con Horacio Pita Oliver, supuestamente un miembro de inteligencia que se movía en más de un sentido. Cuando este sujeto fue sorprendido tratando de vender documentos secretos, aseguró que quién se los había suministrado había sido Mac Hannaford.
Para la justicia militar, el caso cerraba: era apostador y mujeriego. Debía ser espía. A lo largo del proceso, que comenzó en diciembre de 1936 y que culminaría en agosto de 1938, desfilaron una serie de testigos cuyos testimonios reforzaban la culpabilidad del Mayor y, paralelamente, se rechazaban las peticiones de la defensa de incluir a testigos que ayudarían a sostener la inocencia del acusado.
Finalmente, se dictó la condena: encontrado culpable de espionaje y, en consecuencia, de traidor a la Patria. Se lo condenaba a ser degradado y destituido en ceremonia pública y a purgar una pena a cadena perpetua.Vanos fueron los intentos de demostrar que la calificación del delito sólo aplicaba si Argentina hubiese estado en guerra con alguno de los países a los que Mac Hannaford le habría vendido documentación. Otro militar involucrado, el teniente Aquiles Azpilicueta, quien había incurrido en el mismo delito, recibió una pena menor.
Desde muy temprano, en la fría mañana del 18 de agosto de 1938, en el patio trasero del Colegio Militar, se fueron congregando militares que presenciarían una ceremonia inusual en la historia argentina. Una formación en cuadro de 800 efectivos contemplaron cómo un sargento le arrancaba las insignias y le arrojaba el sable al suelo a un demudado Mac Hannaford.
Ya como un simple civil, lo embarcaron en la bodega de buque que en marzo de 1939 llegó a Ushuaia. Hasta 1944 estaría alojado en el presidio del fin del mundo.
Era un preso respetado. Parco en el trato, ayudaba a otros a redactar cartas u oficios legales. Lo emplearon en la imprenta y en la biblioteca. Su familia sólo pudo visitarlo en una oportunidad, dado lo costoso del viaje. Su esposa se ganaba la vida dando clases particulares y, junto a sus dos hijas debieron dejar la casa y mudarse a un par de habitaciones en la casa de un amigo de la familia.
Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia, creyó ver una luz de esperanza. Compañeros de armas, le escribió varias cartas solicitando la revisión de su caso. Perón nunca le contestó. Es más: durante el juicio, acusó ante el tribunal a Mac Hannaford de prestamista, mientras fue agregado militar en Bolivia.
En 1944, fue trasladado a la Penitenciaría Nacional, donde actualmente está el Parque Las Heras. Ahí conocería a dos personajes claves que lo ayudarían a su liberación: el Padre Iñaqui de Azpiazu, Capellán de Institutos Penales, quien estuvo convencido de su inocencia y al entonces capitán Agustín Lanusse, preso en el mismo lugar por el frustrado golpe de 1951.
Cuando Perón fue derrocado en septiembre de 1955, se armaron diversas listas de presos políticos que deberían ser liberados. El General Eugenio Aramburu accedió a firmar el decreto secreto de mayo de 1956 que establecía la liberación de Mac Hannaford.
Había pasado 20 años preso. Sus compañeros de armas le habían dado la espalda, su esposa se había enterado de algunas cuestiones que Mac Hannaford le había ocultado. Era un civil desempleado y enfermo, que no había podido concurrir al casamiento de su hija, ya que no accedió a hacerlo esposado.
Guillermo Mac Hannaford, abatido y olvidado, falleció en su casa el 5 de septiembre de 1961 a causa de la tuberculosis que había contraído en Ushuaia.
El Ejército se ocupó del resto. Por años, la documentación del juicio fue información clasificada. Hasta quitaron, durante algunos años, el nombre de Mac Hannaford de la columna de la promoción 40 del Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación. Su caso, aún controvertido, podría ser estudiado en la Escuela de Inteligencia. Pero hasta la publicación del libro “El Traidor” (2011) esto no era así.
El presidente del tribunal militar que lo condenó, coronel Manuel Calderón, tuvo su premio. Fue nombrado primer jefe del cuerpo de Gendarmería, que se había creado en 1938. Todos los altos jefes, como Nicolás Accame, Rodolfo Martínez Pita y Basilio Pertiné continuaron sus exitosas carreras. Y Mac Hannaford pasó al olvido.
No es común que un ex presidenta haya cometido delito….aunque no vaya y se escude en los fueros el juez sigue con el procedimiento y puede llegar hasta lo ultimo menos a la sentencia
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