La legisladora remarcó que en la actualidad “los inquilinos viven en constantes mudanzas, por eso se planteó la suba de los contratos a tres años, siguiendo la tendencia mundial”, pero en cambio “la propuesta oficial plantea un límite conforme a las UVA, que sólo lograría que las inmobiliarias pidieran alquileres más caros para no caer en el tope de 15.000 pesos”. “Esto nos llevaría de regreso a las subas semestrales y veríamos frustrada la protección que el proyecto propuso desde un primer momento”, explicó. García Larraburu señaló que la media sanción -votada por unanimidad- “plantea una actualización acorde a parámetros reales, que se basan en un índice que promedia los niveles inflacionarios con las variaciones salariales. El sector propietario no recibirá ningún tipo de menoscabo a la renta real de sus inmuebles, donde el precio es establecido por la oferta y la demanda”. “Nuestra norma busca que tanto propietarios como inquilinos dejen de estar en una situación jurídicamente ambigua, tanto con los aumentos escalonados como con la utopía de la no actualización”, agregó. La iniciativa busca modificar el Código Civil y Comercial, a fin de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos. “Se pretende dar respuesta a la inflación que afecta de forma ascendente a todos los inquilinos que hay en la Argentina”, subrayó la rionegrina y dijo que la reforma propuesta “transparenta el mercado y protege a los actores que participan de estos contratos”. “Es fundamental que Diputados dé prioridad al tratamiento de nuestro proyecto, porque no sólo fue consensuado por todos los bloques en el Senado, sino que además se corre el riesgo que -ante cualquier cambio- se puede dilatar la norma y atrasar la puesta en marcha de una ley trascendental en la vida de los argentinos”, advirtió. Y continuó: “estamos proponiendo nada menos que una iniciativa que pone sobre la mesa la realidad económica, que por sobre todas las cosas pretende asentar un entorno de legalidad y seguridad jurídica para propietarios e inquilinos”. “Cuenta con el apoyo legislativo de distintas regiones y es producto del esfuerzo de las agrupaciones de inquilinos de todo el país que desde hace tres años vienen conformando un Frente Nacional de Inquilinos con representación en las provincias de Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal”, resaltó. Finalmente, la senadora dijo que “los precios de las locaciones, hoy, están directamente afectados por subas escalonadas, que además de ilegales, se traducen en un excesivo incremento de los alquileres a valores que en muchos casos superan el 100%. Trasparentar el mercado va a beneficiar a todos, necesitamos urgente la ley de alquileres”. |
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