Estudian la creación de una Unidad Especial en Islas

 

El Tribunal de Cuentas de la Provincia y el área de Tierras Fiscales analizan con profundidad una actualización de tarifas por el uso de inmuebles de dominio público. Así lo confirmo el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en reportaje radial con el programa Puntos Comunes, de LT39. “Trabajo en un oficio enviado por el Tribunal de Cuentas que plantea que no se está cobrando un valor real a los amarraderos de barcazas, como a quienes usan la tierra para la explotación de la ganadería y la apicultura, principalmente….Me complace que dos organismos del Estado estén interesados en este tema”, expreso el funcionario quien explico que las principales falencias en el control efectivo se debe a “la falta de materiales para afrontar la tarea”. Al día de hoy, un  amarradero de barcazas puede estar pagando unos 7 mil pesos anuales, lo que es una cifra insignificante para el Estado.

La zona insular de islas  tiene un millón de hectáreas, desde Diamante hasta Islas de Ibicuy, pero las que pertenecen al dominio público se estiman en 350 mil.

“Hay dos tipos de controles que tenemos que hacer: uno que no nos intrusen lo que es de la Provincia, donde cada vez que nos enteramos actuamos, y el control de las que no son de la provincia, pero que debemos controlar igual, porque en el caso de los amarraderos, el espejo de agua es dominio de la provincia, articulo 128 de la constitución nacional”, comento Signes.

Nueva Unidad, nuevos precios

El Fiscal de Estado adelanto que “a la brevedad” se pondrá en consideración del Gobernador, Gustavo Bordet, un decreto donde se establezcan los nuevos valores, y que prevé que el producido de esos canon se invierta en equipamiento para intervenir en la zona de islas, tales como  lanchas, y drones, para la obtención de información directa.  Así también se pretende crear una Unidad de Control de Islas, constituido por personal específico dependiente de Policía de la Provincia, Dirección Tierras Fiscales, Unidad de Control de Inmuebles dependientes de Fiscalía de Estado, y Escribanía Mayor de Gobierno.

La isla incontrolable 

Los emprendimientos en la zona de islas, históricamente han generado controversias.  Las grandes crecientes dejaron al descubierto varios negocios, no suficientemente investigados. Quienes cobraban los arrendamientos del ganado que sobrepoblaba la isla, o de quienes eran las colmenas que obligo a Caminos del Rio Uruguay a solicitar quitar del costado del camino por el peligro que podían ocasionar a los automovilsitas. De más esta hablar de lo que genero DemaAgri con su producción agrícola y sus terraplenes. Y la semana pasada publicábamos en este semanario,  fotos de la instalación de un amarradero en la zona del Boca del Bobo, frente a San Lorenzo, todavía jurisdicción de Victoria, del que nadie sabía nada.  Históricamente el problema es la gran extensión y la falta de recursos para control, lo que sucede es que el problema tiene décadas, y siempre se está en el punto de partida, por lo que es difícil creer que exista la real intención de controlar, aunque últimamente, cuando se realizaron denuncias en la Justicia, la Fiscalía de Estado actuó.




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