La menor tiene 5 años y padece atrofia espinal tipo III, II, y cuenta con certificado nacional de discapacidad.
El problema surgió luego de 2012 cuando los padres de la menor adquirieron un terreno en calle Arturo Illia 668 (entre 25 de Mayo y Balbín) y tras el dragado realizado por el municipio de Nogoyá, se vieron con dificultades para acceder con su hija en silla de ruedas a la vivienda.
La familia Lorenzato – Jimenez presentó su reclamo en el Juzgado de Familia el 17 de febrero de 2017, patrocinados por la Doctora María Soledad Durbano. En su estudio jurídico, de calle Caseros 1143 la Dra. Durbano brindó una entrevista a La Voz de Nogoyá y remarcó que con inconvenientes como este “se lesiona el derecho de la menor discapacitada a poder tener un acceso rápido y ágil a su vivienda, como así también la posibilidad que la misma pueda integrarse a la sociedad y pueda desarrollar sus actividades con total libertad”
Según pudo saber La Voz, los padres de la menor presentaron notas en diferentes organismos municipales y fueron los mismos funcionarios que mostraron su compromiso para dar una pronta solución, pero nada de eso pasó. El acceso a la vivienda era cada día mas complejo, “debían salir por los patios de los vecinos hasta la zona de calle 25 de Mayo” explicó la letrada.
La instancia judicial tuvo intentos conciliatorios en donde se puso en conocimiento a las autoridades municipales. Se mantuvo un intercambio a través de cartas documento y en audiencias conciliatorias, en donde los letrados municipales hicieron su descargo y objetaron lo manifestado por la familia, cuestionando puntos ilógicos como por ejemplo la fecha de compra del terreno o las obras de canalización que mencionaron en el expediente. Mas allá de la negativa, el municipio mostró su voluntad a proporcionar una solución pero a través de los “mecanismos administrativos municipales” argumentando que lo vertido por la familia en el expediente no coincidía con la realidad de los hechos.
Tras los fallidos intentos conciliatorios, a 25 días de iniciado el expediente, el Juzgado de Familia falló a favor de la menor y sus padres “condenando” a la Municipalidad de Nogoyá para que en plazo de 15 días (a partir del 14 de marzo) comience a construir un puente-rampa de entre 6 a 8 metros, en la vivienda de la familia Lorenzato-Jimenez, para facilitar el acceso de la menor discapacitada. El municipio deberá solventar todos los gastos, tanto de material como de mano de obra.
La Dra. María Soledad Durbano se mostró satisfecha con la celeridad y coherencia del Juzgado de Familia, “atento al reconocimiento liso y llano de los derechos constitucionales de la menor, que en esta cuestión es lo prioritario, a fin de que pueda tener garantizada su calidad de vida” concluyó. (Fuente LA VOZ DE NOGOYA)