Una fuente oficial indicó que “la idea es compensar parcialmente el costo de la reforma en el impuesto a las ganancias y además la gente no usaba más la tarjeta de débito por esta devolución”. Según la planilla de gastos tributarios del presupuesto 2017 votada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, el beneficio sí iba a ser prorrogado este año. En 2015, por este descuento, el Gobierno gastó 4.535 millones de pesos; en 2016, 6.077 millones; y para este año, tenía previsto gastar 7.511 millones de pesos. En cambio, la fuente destacó como más relevante el beneficio del 15 por ciento por el uso de las tarjetas para jubilados que cobren la mínima, pensionados y a aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo. El régimen se aplica a las operaciones que se hagan hasta el 31 de diciembre de 2017, y el decreto determina que la devolución será del 15 por ciento del monto abonado por las operaciones de compra, en tanto no supere el monto máximo de 300 pesos por mes y por beneficiario; y en el caso de la asignación universal por hijo, por embarazo y pensiones por fallecimiento, el reintegro se considerará por cada prestación recibida. El costo fiscal de esta medida fue de 5.890 millones de pesos en 2016 y está previsto que llegue a 17.138 millones en 2017. El economista Ariel Setton cuestionó la decisión del Gobierno de no prorrogar la devolución del cinco por ciento. “Cuando el beneficio nació en 2001 fue un muy buen incentivo para bancarizar porque los mil pesos de tope era un monto alto, pero después nunca se incrementó. De todos modos, seguía siendo un incentivo a que se utilicen las tarjetas de débito y en ese sentido esto es un paso hacia atrás”, dijo Setton. ( Fuente APFDigital)
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