En el salón del INTA Victoria se realizó la semana pasada una capacitación sobre la ley de plaguicida, con el fin de actualizar información técnica y profundizar la aplicación de la Ley vigente, para lo cual se convocó especialmente, a integrantes del Poder Ejecutivo municipal, secretarios o directores de Producción, concejales, asesores legales, ingenieros agrónomos, o quienes tengan a cargo la recepción de recetas agronómicas, y autoridades de Policía Caminera, Rural o de las distintas comisarías de los departamentos. Lamentablemente problemas en el cursado de las invitaciones, y probablemente cierto desinterés hizo que a la cita apenas asistieran una docena de personas, entre las que se encontraban: el vice Intendente, Alcides Risso, la concejal Isa Castagnino, la responsable del Área de la Producción Municipal, Paula Vicari, y un representante del Circulo de Ingenieros Agrónomos.
Estas capacitaciones son gratuitas y se desarrollan en el marco de un convenio firmado entre el Ministerio de Producción de Entre Ríos y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del Uruguay con el objeto de brindarles los conocimientos necesarios para la correcta confección de ordenanzas municipales y el correcto desempeño ante casos de pulverizaciones/denuncias y demás cuestiones referidas a la temática.
La capacitación estuvo a cargo de la Ingeniera Agrónoma Gabriela Zermatten, y entre los contenidos abordados estuvo la Ley de Plaguicidas 6.599, empresas aplicadoras, receta agronómica, organismos de aplicación, infracciones, y hubo espacio también para el estudios de casos, y se analizó la situación particular de Victoria.
En lo que fue la anteúltima capacitación del año La Semana entrevistó a Gabriela Zermatten sobre el tema.
- ¿Tiene algo nuevo esta ley?
- Es la misma ley que está vigente desde el año 1980, pero la gente no la conoce. Hay una serie de problemas sociales que con enfrenta con distintos conflicto, pero esta ley esta clarita.
- ¿Y no está desactualizada?
- Se necesita urgente de una actualización. Hay proyecto de ley que están en senadores, en la bicameral, pero todavía están dando vuelta.
- ¿Y cuál es el principal problema que enfrenta el cumplimiento de la ley?
- El principal problema es la falta de controles. Falta información. Estamos hablando de una ley del 80 que a esta altura debería cumplirse a perfección, sin embargo cuesta un montón.
- ¿No da a suspicacia que un país donde el agro es uno de los motores de la economía no tenga una política aceitada para el tratamiento de plaguicidas?
- Lo último que hay es un decreto reglamentario del 2003….Pero la verdad es que lo que está faltando en muchos lugares es decisión política.
- ¿Cómo ve Victoria en relación a la experiencia que se vive en la costa del Uruguay?
- Aquí la situación es más tranquila. En la Costa del Uruguay tenemos problemas terribles por falta de cumplimiento de la ley. Hoy trajimos algunas de esta experiencia, y también de algunos municipios que están haciendo las cosas bien.
- ¿Le sorprendió la poca convocatoria a la jornada?
- Mi función es dar la capacitación y atender las consultas. La logística no depende de nosotros, sino del Ministerio. Si bien la fecha no acompaña, y es probable que a mucha gente no le interese, lo cierto es que padecemos con bastante frecuencia la demora en enviar las invitaciones con tiempo, porque estos encuentros están programados con mucha antelación. También hay mucha gente que se preocupa y pregunta por los cursos, y en esto va la responsabilidad de cada uno. Yo soy ingeniera agrónoma, y ni bien salieron los cursos para nuestra profesión, inmediatamente me anoté para poder tener la habilitación fitosanitaria el año próximo.
Panorama local
En la charla del miércoles 30 de noviembre se analizó puntualmente la situación de Victoria, en la que expuso un primer panorama la Ing. Agr. Paula Vicari. Al parecer se cuenta con ordenanzas suficientes como para responder a las problemáticas cotidianas que se pueden presentar en la región, aunque a partir de un estudio del Colegio de Ingenieros Agrónomos surgió la preocupación de algunas zonas – unas mil hectáreas- cuya situación particular no son alcanzadas por la legislación y merecen una atención especial. Como en otras partes de la Provincia, se repiten las problemáticas. En conclusión faltan recursos técnicos y económicos para realizar los controles correspondientes, y existen dudas sobre la autoridad de aplicación (el Ejecutivo está en condiciones de serlo), y sobre la vía para denuncias que hoy recaen en el Juzgado de Faltas. Entre los concejales se planteó la preocupación por la desaparición en el presupuesto municipal 2017 de la figura del Encargado de Islas, importante figura en la estructura de aplicación de políticas ambientas en el delta victoriense.
RESUMEN DEPORTIVO
