En la sesión de la Cámara de Diputados del martes por la noche obtuvo media sanción un proyecto por el cual se instituye en el ámbito provincial la normativa que comprende la licencia por violencia de género y que garantiza la continuidad laboral de aquellas trabajadoras que se encuentran en situación de violencia.
El impulsor de la iniciativa, el justicialista Diego Lara, sostuvo que con su proyecto intenta cubrir un vacío legal. “En la actualidad las trabajadoras que padecen esta situación deben recurrir a vías alternativas para justificar el ausentismo laboral, es lo que comúnmente llamamos la licencia oculta. La falta de previsión normativa respecto de licencias por violencia de género es responsabilidad del Estado, por ello avanzamos en la presentación de este proyecto, que hoy cuenta con media sanción, a fin de visualizar esta problemática social sin disfrazarla y garantizando la estabilidad laboral de las mujeres que la padecen”, remarcó.
En el texto se señala: “La desigualdad y violencia que sufren las mujeres también se revela cuando una trabajadora en situación de violencia de género tiene que recurrir a licencias por enfermedad o psiquiátricas para justificar su ausencia al lugar de trabajo. Así, se invisibiliza esta problemática, lo que en muchos casos dificulta el proceso de denuncia de las mujeres” .
La licencia, con goce de haberes, podrá ser por un plazo máximo de 20 días corridos por año calendario, continuos o discontinuos. Se da la posibilidad de extenderla por 20 días más con goce del 50% de los haberes.
Se señala que los agentes que sean víctimas de violencia de género y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo, de forma total o parcial, deberán presentar la debida certificación emitida por los servicios públicos y oficiales de atención y asistencia a las víctimas, que evaluarán las condiciones y tiempo de la referida licencia con percepción de sus haberes.
Asimismo se indica que corresponderá al personal víctima de violencia de género el derecho a la reducción de la jornada y/o el reordenamiento del tiempo de trabajo y/o el cambio de lugar del mismo, mediante la certificación pertinente que así lo acredite, entre otros aspectos.
La Cámara también dio media sanción al proyecto de ley del diputado Sergio Kneeteman (Cambiemos) por el que se crea un Fondo de Recompensa en jurisdicción del Ministerio de Gobierno y Justicia, destinado a retribuir con una compensación dineraria a aquellas personas que sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden al Ministerio Público Fiscal datos útiles que a criterio de este resulten determinantes para arrojar luz sobre un hecho.
“Ha habido casos en los que para conseguir fondos para ofrecer recompensas a fin de esclarecer delitos y en la búsqueda de delincuentes, la Secretaría de Justicia ha tenido que gestionarlo ante Nación, es por eso que proponemos que Entre Ríos cuente con un fondo dinerario propio para que pueda ser utilizado en casos que sea necesario a fin de esclarecer delitos, encontrar personas secuestradas, entre otros”, argumentó el legislador.
Por su parte, integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes, Vidaer, estuvieron en el recinto y celebraron la aprobación del proyecto.
“Esta herramienta en la provincia será importantísima para darle celeridad a la resolución de estos casos”, expresó Carla Cusimano, responsable de Vidaer.
El Fondo se destinará a retribuir con una compensación dineraria a aquellas personas que sin haber intervenido en la comisión del delito brinden al Ministerio Público Fiscal datos útiles para lograr la aprehensión de quienes hayan participado en hechos de homicidio, violencia de género, violación, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, sustracción de menores y secuestro extorsivo.
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