La revisión integral del cuadro tarifario eléctrico estaba prevista para los primeros meses del año, pero se prorrogó tras un pedido de Enersa y varias distribuidoras en tal sentido. Además se tuvieron en cuenta las diferentes readecuaciones del cuadro tarifario que se aplican en Entre Ríos desde el 1° de enero. Ahora, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) consideró “oportuno y conveniente” establecer el 19 de julio como fecha límite para la presentación de las propuestas por parte de las distribuidoras, debido a “los cuestionamientos por intermedio de la acción judicial de amparo que han efectuado un pequeño número de usuarios”, según se lee en los considerandos de la Resolución Nº 70 del Ente, que tiene fecha del 30 de junio y fue publicada en el Boletín Oficial correspondiente al 1º de julio pasado. En la misma resolución, el Ente convocó a la audiencia pública correspondiente, que se realizará el 31 de agosto a las 10 en el Cine Berisso de Villaguay. Allí se analizarán “las propuestas de cálculo de las tarifas para el segundo período tarifario de los contratos de concesión para el servicio público de distribución de energía eléctrica vigentes, las cuales regirán hasta el 30 de junio de 2021”. De acuerdo a la Ley 8916, Marco Regulatorio Eléctrico de la provincia, el EPRE tendrá un plazo de 60 días corridos para resolver cómo quedará el nuevo cuadro tarifario. Como su nombre se indica, la revisión quinquenal se efectúa cada cinco años y establece un cuadro con los precios máximos a aplicarse durante los cinco años siguientes.
- Participantes El organismo encabezado por Marcos Rodríguez Allende citó a dos organismos para que asuman la defensa de los usuarios: la Dirección de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Entre Ríos y el Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná. También invitó al Colegio de Abogados de Entre Ríos y al Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos, para que propongan profesionales del Derecho y de la Ingeniería, respectivamente, para que actúen como defensores de los usuarios. En tanto, designó instructores de la audiencia pública a Alejandro Almará y Javier Lischinski. Asimismo, la Resolución detalla que “quienes quieran participar se deberán presentar haciendo saber sus pretensiones y pruebas”, y que “pueden participar oralmente en la audiencia quienes sean interesados”.