Según informó el autor del texto, los responsables de empresas de aviación dedicadas a la fumigación, hicieron llegar propuestas, y precisó que “los aplicadores pidieron controles, mostrándose de acuerdo con proponer un sistema de manejo adecuado y aportaron su opinión en cuanto a las distancias de restricción para protección de poblados y cursos de agua”. El senador aseguró que se trabaja buscando una herramienta legislativa que proteja la salud humana y la biodiversidad de nuestro territorio, y que “se trabaja poniendo especial atención en la normativa europea sobre la materia”.
El proyecto de ley en cuestión propone un marco jurídico para el manejo de “productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento, desarrollo, almacenamiento y transporte de todas las especies de producción agrícola, forestal, frutihortícola, forrajera, ornamentales, la agroindustria, la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones y el cuidado de áreas de esparcimiento, con el fin de resguardar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales, teniendo en cuenta los enfoques precautorio y preventivo”, precisaron a medios de la capital provincial.
En cuanto a los antecedentes que enmarcan la iniciativa cabe recordar que la Constitución Nacional, incorporó con la reforma de 1994 derechos ya vigentes en el ámbito internacional, como también en leyes nacionales, los que desde entonces pasan a integrar la categoría de derechos de raigambre constitucional. Es ahí donde se inscribe el artículo 41, en el que se establece el derecho a gozar y preservar un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y futuras.
Por otro lado, los senadores avanzaron en la iniciativa para crear Fiscalías Ambientales, autoría de Natalio Gerdau (Gualeguaychú), legislador que destacó la buena recepción que ha tenido en su localidad el proyecto.
Las Fiscalías Ambientales tendrán entre sus funciones preparar y promover la acción penal ambiental, a cuyo fin dirigirá la investigación preparatoria, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella, como así también impartir instrucciones a los organismos competentes para hacer cesar el daño ambiental.