El objetivo, según explicó el propio legislador, es que en el plazo de un año se recabe información sobre la seguridad en la traza, el impacto ambiental, el monto real invertido por el Estado en la obra y los juicios que en tribunales internacionales tiene en su contra la empresa, actualmente disuelta.
A principios de este mes, Peralta había calificado de “criminal” que la traza de la unión no tuviera banquinas.