La raigambre de la “noticia del día”, que atraviesa a la economía & finanzas entrerrianas, es el reclamo iniciado por un comité de tenedores de deuda de la provincia de Entre Ríos, grupo que informó el inicio de un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, por el incumplimiento de pago de un cupón con vencimiento el 8 de agosto de 2020.
Un bífido escenario, donde impera, por un lado una denuncia sostenida en la siguiente frase, “Entre Ríos tiene una sólida posición fiscal” y por el otro, la contratación directa de un bufete de letrados apostados en New York; en vez de una asesoría financiera, tal podría encuadrarse en términos de mercado.
Sendos comunicados, tanto del comité de Tenedores de Bonos de Entre Ríos; como su contrarrespuesta por parte del gobierno entrerriano, salieron a la luz en la jornada de hoy. (textos al pie).
Para hablar de aquello, entrevistamos desde LT39 NOTICIAS, al economista rosarino Salvador Di Stéfano, quien dijo que jamás se debería haber llegado a esta situación… “es mejor un peor arreglo, que un buen juicio”. (audio)
Comunicado Bonistas
De acuerdo a un comunicado publicado por el comité Ad Hoc de tenedores de bonos de Entre Ríos, que afirman poseer el 54% de la deuda elegible de la provincia, la demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y busca “una sentencia contra la Provincia con respecto al incumplimiento de la Provincia en un pago de intereses semestral sobre los bonos con vencimiento el 8 de agosto de 2020″, explicó en un comunicado. Tras los 30 días de gracia posteriores a ese vencimiento, la provincia entró en default.
El comité acreedor justificó su reclamo judicial al asegurar que Entre Ríos “incumplió con sus obligaciones a pesar de mantener una sólida posición fiscal”, afirmó. “De hecho, según sus propias proyecciones presupuestarias, los índices de servicio de la deuda de la provincia son sólidos y no se han deteriorado desde 2017, cuando emitió los bonos”, continuó el grupo.
“Ante un incumplimiento innecesario y la continua incapacidad de llegar a una solución negociada adecuada, los miembros del Grupo resolvieron buscar una determinación judicial de su posición como primer paso para hacer valer sus derechos contractuales”, apuntó el comité Ad Hoc. “Si bien el Grupo sigue dispuesto a volver a la mesa de negociaciones sobre la base de los principios descriptos anteriormente, tiene la intención de ejercer sus derechos contractuales en ausencia de negociaciones constructivas”, concluyó.
Comunicado gobierno de Entre Ríos
En el comunicado, el gobierno de Gustavo Bordet recordó que en 2017 emitió el Bono ER 25 con un capital de USD 500 millones “pagadero en tres amortizaciones en 2023, 2024 y 2025 y una tasa de interés pagadera semestralmente de 8.75 por ciento”. “A la fecha de emisión del Bono ER 25 las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever. Una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020”, subrayó.
De inmediato, destacó que “la Provincia de Entre Ríos no tiene ingresos en moneda extranjera –tales como las regalías petroleras–, su relación entre recursos expresados en dólares y deuda en dicha moneda, sufrió una distorsión que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión”.
Además, detalló que “la variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la variación de los recursos de solo el 92%, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36%. A ello se suma que en 2019 con la reforma tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las provincias”. Por este motivo, “el 8 de agosto de 2020 la Provincia se vio imposibilitada de hacer frente a un cupón de deuda de Bono ER 25”.
“Se inició de inmediato un proceso de reestructuración de su deuda a instancias de la Provincia para lograr la sustentabilidad de la misma mediante un diálogo constructivo y de buena fe con sus principales acreedores. Dicha negociación necesariamente debe contemplar que la Provincia pueda cumplir con sus funciones esenciales y prioritarias en medio de esta crisis”, afirmó.
Esta negociación debe tener en cuenta que “una proyección a mediano plazo muestra una prolongación indefinida de la pandemia y sus consecuencias, que afectará aún más la actividad productiva, reducirá los ingresos fiscales y obligará a aumentar gastos en salud, asistencia social y seguridad”.
Buena fe es el concepto clave en esta controversia: ambas partes afirman que actuaron bajo este principio y acusan a la otra de no respetarlo en el diálogo para llegar a un acuerdo
“Es importante destacar que si bien la proyección presupuestaria para el ejercicio 2021 contempla el pago de los cupones del Bono ER 25 y arroja un superávit en el resultado primario, el mismo no incluye en otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la pandemia, lo cual es sabido por los acreedores, como también es conocido que el proyecto de ley de presupuesto se elabora varios meses antes de finalizar el período con lo cual se hice imposible mensurar consecuencias y extensión de circunstancias atípicas”.
Frente a este panorama complejo, “la Provincia lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas y no en litigios”.
“También lamenta que en cada ocasión que han tenido oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando sus propuestas en tres oportunidades, sin tener un correlato similar de parte de sus acreedores”.
“Dichas propuestas, han sido debidamente publicadas en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, al vencer los distintos acuerdos de confidencialidad firmados conforme lo establecido en estos últimos”, expresó. Ante el inicio de la acción legal por un grupo de tenedores del 54% de la deuda emitida, que busca cobrar USD 11,8 millones, se “confirma que la intención de dichos inversores fue siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo”.
“En caso de ser notificada de tal demanda la Provincia ejercerá la defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda”, aclaró. Esto ocurrirá apenas actúe en Nueva York el agente de servicio del proceso correspondiente.
De todos modos, la Provincia enfatizó que “continuará trabajado sin descanso y haciendo sus mejores esfuerzos para paliar la crisis que atraviesa su población, incluyendo la renegociación de su deuda con todos aquellos acreedores dispuestos a tener un diálogo constructivo, de buena fe, en el marco de negociaciones extrajudiciales, sin dejar de respetar las instancias y los procedimientos legales que correspondan”.
RESUMEN DEPORTIVO
