Según la UCA, un 32,2% de los argentinos sufre de inseguridad alimentaria y tiene problemas de acceso a la salud

El nuevo relevamiento del Observatorio de la Deuda Social sobre pobreza multidimensional ratificó el 40,8% de pobreza por ingreso en el 2019. Hay un 33,5% de la población que vive en zonas sin agua potable o red cloacal.




La Argentina sigue siendo un país de pobreza en su amplio sentido: no solo por los niveles de ingreso sino por la acumulación de carencias, ya que un 32,2% de la gente sufre de problemas de inseguridad alimentaria y de acceso a la atención médica o medicamentos, un 40,8% está bajo la línea de pobreza y al menos un 33,5% vive en zonas sin agua potable o red cloacal.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que realiza una radiografía del déficit en siete dimensiones de los derechos y pobreza en la Argentina, reveló que en el 2019 se registraron agravantes en cuanto a la pérdida de derechos y la profundización de situaciones más vulnerables de la población.

“Si bien se pudo visualizar una leve mejora en el acceso de la gente a algunos servicios y vivienda digna, hay datos de elevados niveles de pobreza por ingreso o inseguridad alimentaria que hablan de una Argentina que sigue fragmentada”, explicó a Infobae Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

En este sentido, el último relevamiento de esa institución sostiene que la inseguridad alimentaria que implica la reducción involuntaria de la porción de comida o la percepción de manera frecuente de experiencias de hambre pasó del 28,2% en el 2018 al 32,2% de la población en el 2019. Esta cifra también se traduce en un incremento de los problemas de la gente para el acceso a atención médica o a medicamentos y se ubica entre los parámetros más altos registrados en los últimos 10 años en la Argentina.

Algo similar ocurre con la pobreza por ingresos, donde pasó del 33,6% en el 2018 al 40,8% en el 2019 y es la cifra más elevada de los últimos 10 años, que no se veía desde el 2006 o 2007.

La encuesta de la UCA se hizo en 5.760 hogares de todo el país y midió las siguientes dimensiones: alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, accesos educativos; empleo y seguridad social y pobreza por ingreso.

Así, en otra de las variables multidimensionales que se detectaron se observó que hubo un aumento de personas con empleo no registrado: este dato se incrementó del 31,3% en el 2018 al 33% en el 2019, llegando así a los niveles del 2010.

El déficit que se observa a nivel de las personas en la dimensión alimentación y salud experimentó un descenso inicial y, marcando un pico en 2014, se ubicaba en torno del 23,2% para el año 2015, mientras que a partir del año 2016 las condiciones de privación comienzan a incrementarse hasta alcanzar al 32,2% de las personas en 2019.

Para Salvia, esta evolución se explica desde 2016 por las dificultades para el acceso a medicamentos y a la atención médica y desde 2018 por el incremento de la inseguridad alimentaria severa, en un contexto de fuertes incrementos de los precios de medicamentos y alimentos y un descenso del consumo en términos generales.

En relación al acceso a servicios básicos se observa una mejora importante a lo largo de todo el período, donde los hogares que presentan privación en esta dimensión pasan de representar del 38% en 2010 al 30% en 2019. Esta dinámica positiva se explica por el mayor acceso por parte de los hogares a los servicios de agua corriente y particularmente del descenso de los hogares con déficit en el acceso a conexión a red cloacal. No obstante, los niveles del 33,5% de las personas con problemas de red cloacal o agua potable siguen siendo elevados para la Argentina.

La situación de la vivienda también experimentó mejoras sostenidas a lo largo de todo el período, para el año 2019 poco más de 2 de cada 10 hogares no accedían a una vivienda adecuada tanto por sus materiales, espacio o disponibilidad de servicio sanitario, al inicio de la serie casi el 29% de los hogares se encontraban en esta situación.

Según la UCA, distintos aspectos podrían explicar esta mejora en los indicadores de vivienda precaria, hacinamiento y déficit en el servicio sanitario, entre ellos la disponibilidad de créditos para refacción de viviendas, la capacidad de ahorro e inversión de los hogares en alguna etapa del ciclo, como así también los efectos de distintos programas de urbanización y mejoras en las condiciones de las viviendas.

En la dimensión educación se observa una evolución irregular, donde la proporción de hogares que tienen al menos una persona que no asiste a instituciones educativas formales o presenta rezago educativo se mantiene cercano al 30%, aproximadamente el 12% de la población se encuentra en esta situación.

Se observa un importante descenso en la inasistencia en los primeros años de la serie que se mantiene en el tiempo, probablemente por efecto de la condicionalidad de asistencia que presenta la AUH. Por otra parte, tras un proceso de incremento del rezago en el nivel medio tras los primeros años, el nivel tendió a estabilizarse en torno del 26%.

En relación al acceso al empleo pleno y la seguridad social, el informe de la UCA observó un “deterioro significativo” particularmente a partir de 2016, donde el nivel de hogares que no perciben ingresos provenientes de empleo registrado ni de jubilaciones o pensiones contributivas se incrementó en 5 puntos. Pasó del 25 al 30% del total. “Esta dinámica estuvo vinculada principalmente al incremento del desempleo y de la precarización laboral, que impactó más fuertemente sobre los sectores más vulnerables. Se destaca, a su vez, que sobre estos hogares se incrementó la percepción de transferencias de ingresos provenientes de programas sociales, aunque la cobertura está lejos de ser universal para este grupo”, según el informe de la UCA.

Si se considera la intensidad de la privación en términos de carencias no monetarias a partir de la cantidad de dimensiones que un hogar/personas presenta en situación de déficit, entre puntas tuvo lugar un descenso de los déficits en privaciones de derechos para los hogares afectados por la presencia de 1, 2 o 3 carencias. La tendencia al descenso de los hogares con déficit en carencias en derechos sociales a nivel agregado se observa entre los años 2010 y 2014, luego tuvo lugar un amesetamiento hasta el final de la serie.

Sin embargo, el informe revela que en 2019 el 65% de los hogares presentaban carencia en al menos una dimensión, el 44% experimentaba privación en dos o más de los aspectos considerados, mientras que el 27,6% se veía afectado en 3 o más de las dimensiones de derechos consideradas.

Los hogares bajo condición de pobreza por ingresos y carencias no monetarias experimentaron un importante descenso en el inicio de la serie en el año 2011 para seguir una tendencia levemente ascendente hacia 2015. En 2016 comienza un proceso que, con la excepción del año 2017, expresa un fuerte incremento de la pobreza multidimensional, que alcanzó al 37,5% de la población en 2019, incrementándose en 8 puntos desde 2010. Esta evolución se explica en gran medida por el deterioro que experimentaron en esta última etapa los ingresos reales de los hogares, como así también el impacto que tuvo en dimensiones clave como el acceso a la alimentación y a la salud y el acceso al empleo y la seguridad social. En el 2019, la pobreza por ingreso llegó al 40,8%.

El análisis de las brechas de desigualdad según estrato ocupacional que revela el informe de la UCA demostró que las personas en hogares cuyo principal aportante de ingresos se encuentra en los estratos ocupacionales más vulnerables (trabajador marginal) presentan más de 5 veces más posibilidades de encontrarse en situación de pobreza multidimensional que las que forman parte de hogares de estrato medio. Al mismo tiempo, también se destaca que la pobreza multidimensional afectó de manera central a las personas en estratos ocupacional menos integrados desde 2015 para los trabajadores marginales.

Por otro lado, la pobreza estructural creció sustancialmente en el conurbano bonaerense (pasó del 28,6% en el 2018 al 30,4% en el 2019) mientras que en la ciudad de Buenos Aires estos parámetros se redujeron del 6% en el 2018 al 2,6% en el 2019.

La nueva serie que mostró el Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló también que los argentinos vieron deteriorada su capacidad de ahorro: mientras que el 13,4% de los hogares mostraba capacidad de ahorro, esa dimensión disminuyó al 11,6% en el 2019. Y la insuficiencia de ingresos por hogar pasó del 47,8% en el 2018 al 53,3% en el 2019.

El informe de la UCA que se hizo sobre una encuesta de más de 5.700 hogares abarca a una serie de grandes y medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Neuquén: Plottier - Cipoletti, Mar Del Plata, Salta, Tucumán y Tafí Viejo Paraná, Resistencia, San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande.