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Politica / 29-05-2018

Uribarri a punto de “sentarse en el banquillo”

La situación judicial del exgobernador Sergio Daniel Urriarri quedó en stand by. El viernes 1°, a las 9, está prevista […]



La situación judicial del exgobernador Sergio Daniel Urriarri quedó en stand by. El viernes 1°, a las 9, está prevista la realización de una audiencia en Tribunales para debatir la remisión a juicio de la primera causa que podría dejar al actual presidente de la Cámara de Diputados al borde sentarse en el banquillo de los acusados en una causa en la que se investigan delitos de corrupción.

Pero esa audiencia de remisión a juicio de la causa caratulada  “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, depende de lo que este miércoles resuelva el tribunal conformado por los jueces Daniel Julián Antonio Malatesta, Gustavo Román Pimentel y Rafael Martín Cotorruelo.

Lo que debe resolver es clave: hay un pedido de recusación contra el juez José Eduardo Ruhl, que es quien debe presidir la audiencia del viernes 1° de junio.

Este lunes por la tarde fue la audiencia de recusación del juez de Garantías Rubén Eduardo Ruhl, que es el magistrado designado para resolver, el viernes 1°, la remisión a juicio de un caso en el que se investiga la distribución irregular, según la calificación del Ministerio Público Fiscal, de $24 millones en publicidad en vía pública que recayeron en manos de las firmas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, quien a su vez conformó con las firmas Jesús Bustamante, de Paraná, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, un pool empresario que no permitió, entre los años 2010 a 2015, la participación de ninguna otra empresa. En medio, han dicho los fiscales, hubo pago de sobornos a las empresas Tep SRL y Next SRL por parte de Bustamante para garantizarse la permanencia de los contratos con el Estado.

En esa causa, el juez Ruhl decretó el embargo por $26 millones sobre los bienes del exgobernador Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, el cuñado Aguilera y el resto de los implicados:  Corina Elizabeth Cargnel,  Hugo Fernando Montañana,  Gustavo Rubén Tamay,  Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena. Y este viernes debe decidir si la causa conocida como “de la vaca” va finalmente a juicio oral.

Aunque el defensor Miguel Cullen, que representa a Alejandro Almada, Corina Cargnel y Maximiliano José Sena- pidió este lunes al tribunal que se aplace la audiencia de remisión a juicio.  “Solicito que, al no tener juez por estar recusado, se mita orden de suspensión de la audiencia de remisión a juicio”, planteó.

El tribunal, que preside Malatesta, no resolvió ese planteó ni tampoco los incidentes de fondo: la recusación del juez Ruhl y los pedidos de inconstitucionalidad de los artículos 46 y 48 del Código Penal, y de ese modo no frenar las sucesivas apelaciones que pretenden concretar. Ignacio Díaz, defensor de Pedro Báez, habló de la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales.

En la causa, están los defensores Raúl Barrandeguy,  que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez;  Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel.

En la causa por los contratos de publicidad otorgados entre 2010 y 2015 por la administración Urribarri, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri, medida que alcanzó también a Báez, Aguilera, y Hugo Fernando Montañana, también por $26 millones, más la inhibitoria general de bienes. El empresario Jesús Bustamante, que había quedado en la misma situación, se desligó de la causa mediante un juicio abreviado.

El jueves 1° de febrero, Cánepa y Yedro habían pedido la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según el dictamen fiscal. . Para los acusadores, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.


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