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Interés General / 09-05-2018

Caso Risso…de principio a fin

Cronología de la situación que provocó el quiebre institucional del municipio, desde aquel mes de agosto del año 2016 y que finalizó con una sentencia del Superior Tribunal de Justicia en la jornada de ayer martes 8 de mayo 2018. Recordando aquel…”en Victoria hay mas yararás de dos patas que perros caminando”.


Vice Intendente Doctor Alcides Risso

En abril del año pasado este medio habló con el Vice Intendente Alcides Risso en cuanto a su situación (por esos momentos se encontraba suspendido por el Concejo Deliberante);  ya que oportunamente salió al ruedo una información que por cierto al momento era escueta, pero su validéz  total y formal.

La misma rezaba que el Superior Tribunal de Justicia había  recibido por esas  horas el dictámen solicitado oportunamente a Fiscalia,  en cuanto a la situacón del Vice Intendente Alcides Risso.; detallando que el funcionario debía estar en su cargo a la espera de la resolución final del Superior Tribunal de Justicia.

Dicho dictámen de  Procaduría General, con fecha 31 de marzo 2017, elevado al Superior Tribunal de Justicia en el marco del reclamo que efectuara el Vice Intendente Alcides Risso,  a la sanción que le aplicara el Concejo Deliberante; fue entonces respondido,  indicando  que Risso debía retomar su cargo y esperar en funciones el dictámen del Superior Tribunal de Justicia.

Al ser consultado oportunamente por LT39 NOTICIAS, el Vice Intendente Doctor Alcides Risso pidió cautela y dejó en claro que esperará a tener la resolución final del Superior Tribunal de Justicia, para informar a la ciudadanía a través de los medios.

Finalmente en el mediodía de ayer martes 8 de mayo 2018 salió el Fallo que hace lugar a la demanda y anula el Decreto 095/16, imponiendo multa de tres juristas a cada miembro del Concejo Deliberante.

Cronología del famoso “en Victoria hay más yararás de dos patas que perros caminando”…

Así comenzó todo…  

El día 25 de agosto 2016 salió a la luz  una denuncia por supuesta evasión de tasas municipales que se formuló  en contra del Vice Intendente Alcides Risso, realizada por el abogado local  Carlos Guillermo Reggiardo,  apoderado legal entonces del Frente Renovador Entrerriano.

Por aquellos días el municipio impulsó el cobro de la Tasa de Seguridad, Higiene y Profilaxis a las inmobiliarias de la ciudad.

Ante ésto el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia, en conjunto con los agentes inmobiliarios Daniel Silvestri y Danilo Bruno (ambos de Victoria) iniciaron una acción judicial contra el municipio solicitando que no se les cobrara dicho canon, conocido comúnmente como tasa comercial, argumentando que por las características de su labor debían recibir el mismo tratamiento que los abogados o los médicos, que están exentos del pago.

Inicialmente el Juzgado Civil y Comercial de Victoria falló a favor del municipio, pero luego la Cámara Civil y Comercial 2° de Paraná revirtió esa sentencia.

El Colegio apeló el fallo ante la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la que con los votos de Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia (Claudia Mizawak se abstuvo de votar dado que se había alcanzado mayoría) confirmó la sentencia de la Cámara, habilitando el cobro de la tasa comercial a los corredores inmobiliarios.

La sentencia se produjo el 25 marzo de 2015, por lo que a partir de ese momento el municipio quedó habilitado para el cobro del tributo.

Como si esto fuera poco, el STJ rechazó la presentación de los corredores inmobiliarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para lo cual se debe contar con el aval del (STJ) para concretar ese procedimiento, este pedido fue rechazado por el máximo tribunal provincial.

Repercusión política de aquellos primeros dias  

Lo cierto es que aunque Reggiardo sostenía  que no se pedia  la renuncia del vecinalista Risso, el rumor sobre su alejamiento de la función circulaba a grandes pasos.

Incluso se hablaba de un quiebre en el bloque oficialista del Concejo Deliberante, ya que algunos concejales reclamarían el alejamiento de Risso.

Eso abría expectativas en el posible trámite de exclusión del cuerpo deliberativo del actual vice intendente;  para lo cual sólo se necesitaba que algunos  concejales que respondían al ejecutivo sumaran  su voto a los cinco de del Frente Para la Victoria, para contar así con los dos tercios necesarios.

La “falsificación” en cuestión

Pero el tema de la deuda pasó a un segundo plano cuando se dijo que la desmentida que se había dado a conocer la semana anterior,  contaba con una firma del intendente que sería falsificada.

Aquello cambió el eje del debate  y sumó declaraciones lapidarias a la gestión, que en primer término recayeron sobre el responsable de prensa, Gerardo Gómez e inmediatamente después contra el vice Intendente,  ya que Maiocco después de las 9:00 de ese día no estaba en Victoria.

Uno de los argumentos sostenidos era que difícilmente  el responsable de prensa haya falsificado la firma del Intendente,  o que lo haya hecho sin el aval de alguno de sus superiores  y preocupaba que la Justicia no hubiese actuado de oficio,  solicitando  un informe al Municipio sobre este hecho que inquietaba la estabilidad institucional.

“No falsifiqué la firma” y una rueda de prensa emblemática

Ante el panorama relatado con antelación finalmente  el viernes 2 de septiembre el despacho del Intendente Domingo Maiocco fue el epicentro donde se abordó este tema. Junto a la prensa local y regional, ya que el caso suscitó mucho interés mediático, traspasando incluso los ríos que circundan la provincia.

Risso con gesto adusto y apesadrumabdo  enfrentó a la prensa  y reconoció una falencia “ética”, aunque se encargó de dejar bien claro: “No falsifiqué la firma”.

Dijo  haber colaborado en la redacción del comunicado y se hizo cargo de haber mezclado cuestiones personales con su función pública, aunque de ninguna manera aceptó ser él el que estampó el “garabato” que pretende ser la firma de Maiocco.

“Rechazo enérgicamente haber firmado el comunicado y me pongo a disposición de la Justicia para que haga las pericias que corresponda”, enfatizó.

Luego destacó que se ponía a disposición de sus pares en el Honorable Concejo Deliberante para contestar las preguntas que consideren oportunas y enfrentar las acciones que dispongan.

“Voy a ser lo más escueto posible, la idea mia no era ocultame de los medios sino aclararlo, pensaba hacerlo el miércoles que viene, pero a pedido del intendente lo hago ahora por la trascendencia que tomó”, dijo entonces.

Para luego lamentarse de lo herido y vapuleado que se sintió al ser víctima de tantos comentarios y difamaciones sin fundamento, según dejó entrever.

“Han hablado muy mal de mi persona y basándose todo en supuestos y eso es un mal de la sociedad en la que vivimos,  tenemos más yararás de dos patas que perros en la calle y sabemos que este pueblo es asi”, sentenció.

Reconoció que colaboró en la redacción del comunicado, pero no en su finalización y distribución, dejando absolutamente toda esa responsabilidad en el área de prensa;  pero sobre todo desligándose enfáticamente de la idea de falsificación de una firma al Presidente Municipal.

A posteriori habló el Intendente Domingo Maiocco, quien mantuvo una actitud sólida y ejecutiva,  pero dejando avizorar en su actitud cierto desdén,  ya que ante las reiteradas preguntas de los  periodistas presentes, en cuanto a que si se quebró la confianza hacia la persona de Risso, el Intendente no se expresó con contundencia en una defensa acérrima, más bien, quiso evadir la respuesta dando a conocer dos proyectos que estaban en marcha.

Respecto del empleado de prensa  Domingo Maiocco dijo que se abriría una instrucción sumaria; agregando que no era su estilo firmar los comunicados de prensa.

Como frase más destacada Maiocco se refirió a Risso, quien lo observaba a metros como si no supiera lo que iba a decir, de la siguiente manera: “Creo que se le han confundido los roles”.

Casi hostigado por el periodismo que quería saber si le iba a pedir la renuncia, Maiocco  delegó  la situación al Concejo Deliberante.

La palabra de Risso en el recinto del Concejo Deliberante

Pasadas las 19:00 del miércoles 7 de septiembre 2016 en un recinto repleto dio comienzo la tan esperada Sesión Ordinaria, donde hizo su descargo el Vice Intendente Municipal el abogado ALcides Risso.

Si bien el tema que estaba en autos sobre el Reglamento del Carnaval, acaparó por sí mismo  atención,  sumando gente enardecida por el sentimiento popular carnavalesco;  sin lugar a dudas el foco estaba puesto en la figura del Vice Intendente, quien en rueda de prensa del viernes 2 de septiembre dijo que su verdadera intención era hacer un descargo ante el Honorable Concejo Deliberante.

Fueron casi tres horas donde entre notas presentadas,  cuarto intermedio, lectura del reglamento de los carnavales oficiales, discursos y descargos varios, tanto los concejales del Bloque Cambiemos, como los del Frente para la Victoria dejaron sobre la mesa sus posturas,  ante la crisis institucional que empalidece esta gestión municipal.

¿Acaso muchos pensaron que al ir se encontrarían con un Vice entregando su renuncia?, pues bien, quienes creyeron eso se habrán retirado con cierto desazón, ya que Risso dejó muy en claro no sólo sus ganas de continuar, sino que esta situación, según dijo lo fortaleció.

Luego conel tiempo y el reloj en marcha el Concejo Deliberante en sesión desdoblada el miércoles 13 de diciembre 2016 debatió los alcances del decreto que determinó la suspensión, por el lapso de ocho meses por mal desempeño en sus funciones, del Vice Intendente Alcides Risso.

A partir de la votación nominal de los dos tercios del cuerpo quedó establecido como tal el mencionado decreto.

La respuesta de Risso

El Vice Intendente apeló lo dispuesto con el concejo, obteniendo respuesta  en el dictamen  del Juez Raúl del Valle, concerniente a la nulidad de su suspensión de ocho meses, impuesta por el Concejo Deliberante.; quedando a partir de ahí bajo la decisión fina del Superior Tribunal de Justicia.

Ratificación (1)

Según fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales, caratulado el mismo como ” Risso, José ALcides C/Municipalidad de Victoria S/Acción de Amparo”;  avalado  con los  votos de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia a saber, Presidente Doctor Bernardo Ignacio Ramón Salduna y los Vocales Doctora Marcela Davite y Doctor Eduardo Carbó;  dictaminaron que la definición quedará exclusivamente en manos del Superior Tribunal de Justicia, a quien le compete absolutamente, ya que la figura del Vice Intendente integra el Poder Ejecutivo y no el Legislativo.

Lo anterior,  en franca consideración a lo dispuesto en su momento por el Juez Raúl del Valle, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria,  quien oportunamente fallara  a favor del funcionario,  sobre el amparo que el Presidente del Concejo Deliberante presentó,  tras la suspensión que le decretara  el Concejo Deliberante.

Según palabras de Risso  vertidas en conferencia de prensa  expresó,  “si bien yo no he sido notificado aún por Ruda, sí está el fallo que dice que ésto es un conflicto de poderes y que yo por ser parte del Poder Ejecutivo, lo debe resolver el STJ como única instancia y que no se puede apelar, el cual es un trámite abreviado que el STJ lo debe resolver en veinte días,  pudiendo ser pasibles de juicio político los integrantes del mismo”.

Ratificación (2)

En marzo 2017 el sitio Digital Entre Rìos Ahora, difundió el Dictàmen donde Alejàndro Cànepa, Fiscal de Coordinación, consideró que existe una contienda entre poderes. Ahora solo resta esperar la resolución del Superior Tribunal de Justicia.

El caso Risso ya pasó por un juzgado de primera instancia y por la Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales del STJ, que consideró que su petición debía canalizarse por una acción de “conflictos de poderes”.
Así, el 1° de febrero Risso promovió la acción de “conflicto de poderes” contra el Concejo Deliberante de Victoria, con la pretensión que se deje sin efecto la suspensión. El STJ corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que ejerce el control de legalidad del proceso, para que emita un dictamen acerca de qué órgano judicial es competente en el caso.
El fiscal de Coordinación de Paraná, Alejandro Cánepa, emitió un dictamen el 15 de febrero en el que consideró que el STJ debería declararse competente en el “conflicto de poderes” suscitado en la localidad de Victoria.
El viceintendente de Victoria fue suspendido en sus funciones por una mayoría de concejales el 7 de diciembre de 2016. La sanción fue por ocho meses y sin goce de sueldo a raíz de una falta ética en el sonado caso de la falsificación de la firma del intendente Domingo Maiocco (Cambiemos), en un comunicado de prensa que involucraba al titular del cuerpo deliberativo en una denuncia por deudas impositivas. Ante su suspensión, Risso acudió a la Justicia para que se lo reincorpore en sus funciones.
Primero, a través de su abogado Jorge Pablo Campos, promovió una acción de amparo ante el juez Raúl del Valle, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Victoria, quien hizo lugar al pedido y dispuso su reincorporación como vicepresidente municipal. Pero la historia continuó, ya que el municipio apeló la decisión del juez de primera instancia con el fin de mantener la sanción. Cristhian Maiocco (hijo del intendente Domingo Maiocco), apoderado del municipio, interpuso un recurso de apelación ante la Sala de Procedimientos Constitucionales del STJ.
El 13 de enero la Sala -Tribunal de feria- conformado por Bernardo Salduna, Marcela Davite y Enrique Carbó, decidió que el caso se enmarca en un “conflicto de poderes”, que se encuentra reglamentado por el artículo 173° de la Ley Orgánica de Municipios, Nº10.027, que establece que los conflictos entre el Departamento Ejecutivo y el Cuerpo Deliberativo deben ser resueltos por el STJ.
En su voto, el actual vicepresidente del STJ, Bernardo Salduna, hizo lugar a la apelación interpuesta por la Municipalidad de Victoria, dejó sin efecto la sentencia del juez de primera instancia que reincorporaba a Risso en su cargo y rechazó la acción de amparo por inadmisible, señalando que la vía idónea era la de “conflicto de poderes”, ya que consideró que el viceintendente no forma parte del Concejo Deliberante y que por lo tanto no puede ser sancionado por ese órgano.

El dictamen del MPF (Ministerio Público Fiscal)
En su dictamen, el fiscal de coordinación Alejandro Cánepa –que subrogó al Procurador Amilcar García-, consideró que existe una contienda entre poderes, es decir, entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Para llegar a esa conclusión, el fiscal señaló que debía delimitarse en qué órgano se ubica al viceintendente. Para ello citó extensamente el voto de Salduna, quien entendió que esa figura está fuera del Poder Legislativo, y que es más bien un órgano de “extrapoder”, ya que tampoco lo ubica en la órbita del Poder Ejecutivo.
En el dictamen, al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, Cánepa señaló que “más allá de las discusiones doctrinarias (…) lo cierto es que tanto la Constitución Provincial, como la Ley N° 10.027, ubica al funcionario en cuestión en la órbita del Departamento Ejecutivo sin otorgarle la responsabilidad (competencia) de su ejercicio, salvo por ausencia (transitoria o definitiva) del Presidente Municipal. Por lo demás, las condiciones de su elegibilidad y método de elección son idénticas a la de éste, y también el plazo de duración en su cargo, prestando –incluso- análogo juramento”.
“De hecho, cada vez que un viceintendente asume la presidencia municipal no presta un nuevo juramento, sino que lo hace mediante Acta, haciéndose cargo de las funciones de aquel como ‘viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo’; y por otro lado, si bien su otra función consiste en presidir las sesiones del Concejo Deliberante, lo cierto es que tampoco lo integra, ni tiene las mismas inmunidades y atribuciones que los concejales”, argumentó Cánepa.
“En definitiva, entiendo que según la Carta Orgánica de Municipios el viceintendente forma parte del Departamento Ejecutivo –lo integra- pero no está a cargo del mismo, reservándose para él las funciones de presidir el órgano deliberativo –a los efectos de que ningún partido político, bloque legislativo o concejal pierda un voto (representación) en las deliberaciones y decisiones que allí se realizan y toman- y de reemplazar al intendente, con un claro objetivo (institucional) de dar previsibilidad a la sociedad que lo eligió respecto de la sucesión (transitoria o definitiva) del mando del Departamento Ejecutivo”, amplió en otro párrafo del dictamen.
Más adelante, Cánepa indicó que resta ver si la sanción aplicada por el Concejo Deliberante significa un avasallamiento sobre “las atribuciones del otro poder municipal”. “Así, lo que deberá analizar ese Tribunal Superior es si el órgano considerado ‘invasor’ ha actuado dentro de sus facultades o si, por el contrario, con la sanción del viceintendente se ha extralimitado en las mismas, desconociendo con ello su autoridad, y negándole o impidiéndole con la misma, el ejercicio de sus funciones privativas”, remarcó el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Cánepa también advirtió que “al suspender al viceintendente de sus funciones por un término de ocho meses, los concejales interfirieron directamente en las atribuciones que resultan exclusivas y privativas de aquel órgano, impactando directamente, no solo en lo que hace a la dirección y representación del órgano deliberativo municipal, sino también –y sobre todo- en la línea sucesoria del Departamento Ejecutivo establecida por la Ley 10.027, recayendo tal atribución –por el plazo de la suspensión- en un funcionario (concejal a cargo de la presidencia del Concejo Deliberante) que no fuera electo para ello”.
En tanto, al fundamentar sobre la competencia jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia en el caso, Cánepa recordó que “si bien el artículo 173º de la Ley 10.027 establece que los conflictos de poderes son ‘aquellos conflictos que se produzcan entre el Poder Ejecutivo y el cuerpo deliberativo’, lo cierto es que el articulo 205, inciso 1 pto B) de nuestra Constitución Provincial, al referirse a la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, refiere a ‘aquellos conflictos internos de las municipalidades y comunas’, estableciendo una conceptualización más amplia que la norma legal, que abarca conflictos institucionales de mayor rango de alcance institucional”.
“Coincidiendo o no con la conceptualización o ubicación orgánica e institucional del viceintendente que se ha efectuado en el presente, lo cierto es que su suspensión y la afectación de las atribuciones antes referidas –solo privativas de su cargo- constituye un ‘conflicto de poderes’ de la municipalidad de Victoria que abre la jurisdicción de ese STJ en los términos del artículo constitucional citado”, subrayó Cánepa y finalizó considerando que el planteo en debate “resulta de la jurisdicción originaria y exclusiva” del Superior Tribunal de Justicia.
Ante una consulta de Entre Ríos Ahora, el fiscal Cánepa explicó que “si el Superior Tribunal de Justicia se declara competente van a correr traslado a la municipalidad de Victoria para que conteste y luego van a correr traslado al fiscal y recién ahí el Superior va a tener 30 días para resolver”.

Pasó el tiempo y el Vice Intendente “esperando”, regresó

A una semana y días de cumplirse lo estipulado por el cuerpo deliberativo, el Vice Intendente Alcides Risso se presentó en el Concejo Deliberante, después que el Superior Tribunal de Justicia se expidiera  a su favor, si bien aún no había sentencia definitiva.

Vice Intendente Alcides Risso volvía  al ruedo;  ya que el  Superior Tribunal de Justicia (STJ), resolvió que el Vice Intendente de Victoria Alcides Risso sea reincorporado en su cargo, tras la suspensión por ocho meses que promovió el Concejo Deliberante. La resolución fue publicada el 2 de agosto, en el marco de la causa “Risso J. Alcides c/HCD de Victoria – Conflicto de poderes”

Si bien tal lo descripto en el párrafo anterior,  faltaba la sentencia definitiva,.

Decía entonces a los medios locales,  ” fui respetuoso de apartarme y lamentablemente siento que perdí tiempo como funcionario para darle una mano a la gente”; destacando su agradecimiento a quienes le brindaron su apoyo.

Ante una pregunta periodistica en cuanto su relación de aquí en más con el Intendente Domingo Maiocco, expresó “tendré sólo un encuentro cordial como corresponde, la relación no va a ser la misma, ha dicho muchas cosas de mi persona; me ha denunciado en la justicia indirectamente sobre un tema de manipulación de gas”.

Resolución STJ reposición en el cargo Vicepresidente Victoria

En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre Ríos, a los dos  días del mes de  agosto  de dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidenta: Dra. CLAUDIA MONICA MIZAWAK, Vice-presidente: Dr. BERNARDO IGNACIO R. SALDUNA y Vocales Dres. DANIEL OMAR CARUBIA, GERMAN REYNALDO F. CARLOMAGNO, SUSANA MEDINA DE RIZZO, LEONOR PAÑEDA, EMILIO AROLDO CASTRILLON, JUAN RAMON SMALDONE y MIGUEL ANGEL GIORGIO, asistidos del Secretario autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: “RISSO, JOSÉ ALCIDES C/CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VICTORIA S/CONFLICTO DE PODERES”.-

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: DRES. PAÑEDA, MEDINA DE RIZZO, SALDUNA, CASTRILLON, CARUBIA, CARLOMAGNO, SMALDONE, GIORGIO y MIZAWAK.-

Examinadas las actuaciones, el tribunal se planteó la siguiente cuestión:

¿Es competente este Superior Tribunal de Justicia para entender en los presentes autos? En su caso ¿qué corresponde resolver con relación al pedido de suspensión interesado?

A LA CUESTION PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. PAÑEDA DIJO:

I.- Vienen a consideración de este Alto Cuerpo las presentes actuaciones, con motivo de la acción de conflicto de poderes que plantea el señor José Alcides Risso, en su carácter de Viceintendente del Municipio de la ciudad de Victoria, contra el Honorable Concejo Deliberante de la misma localidad, en orden a lo dispuesto en los arts. 205, inc b) de la Constitución de Entre Ríos, 676 y ss. del CPCCER y 173 y ss. de la Ley Orgánica de Municipios 10.027, pretendiendo se deje sin efecto la suspensión -por ocho meses y sin goce de remuneración- aplicada a su persona por la demandada a través del Decreto Nº095, del 07/12/2016, el que considera ilegítimo por haber sido dictado por un órgano incompetente que se atribuyera -dice- competencias sancionatorias no regladas.

Expresa, en lo sustancial y luego de relatar los antecedentes del acto administrativo cuestionado, dictado por el Concejo Deliberante de Victoria, que dispusiera aplicarle  la sanción que impugna, que la Constitución de nuestra Provincia ubica al  Vicepresidente Municipal formando parte del Poder Ejecutivo, argumentando que su no pertenencia orgánica al cuerpo deliberativo del municipio impide a dicho poder ejercer su potestad sancionatoria directa por carecer de facultades legales para ello en orden a lo dispuesto en los arts. 234, 236, 250 de la Constitución Provincial y arts. 103 y ccs. de la Ley 10.027.-

Afirma que lo argumentado es el criterio jurídico adoptado por la Sala de Feria de este Cuerpo en autos: “RISSO, José Alcides c/ Municipalidad de Victoria – Acción de Amparo”, sentencia del 13 de enero de 2017 y la doctrina local que cita, en cuanto se reconoce analogía con las funciones y cargo de Vicepresidente de la Nación, como integrante del Poder Ejecutivo.-

Solicita la aplicación de multa a los miembros del Poder que insistan con la potestad sancionatoria cuestionada, la suspensión de los procedimientos relacionados con la cuestión, exención de contracautela y ofrece y acompaña prueba que detalla en el promocional.-

II.- Corrida vista al Ministerio Fiscal para que emita dictamen acerca de la competencia de este Tribunal para entender en autos, se expide a fs. 28/32 el Dr. Alejandro J. Cánepa, quien, con cita jurisprudencial y doctrinaria, sitúa orgánicamente el cargo de Viceintendente Municipal en la órbita del Poder Ejecutivo y concluye, conforme a lo resuelto en la citada causa “Risso…. s/ Amparo” que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 205, inc. 1º, apartado b)  de la Constitución Provincial, la suspensión y la afectación de las atribuciones del Viceintendente Municipal constituye un “conflicto interno” de la Municipalidad de Victoria que abre la jurisdicción -originaria y exclusiva- de este Cuerpo.-

Contestado el requerimiento de fs. 37, a fs. 39 y vta. dictamina la señora Procuradora Adjunta, Dra. Rosa Alvez Pinheiro en relación a lo peticionado en el punto V del promocional, concluyendo, en orden a lo dispuesto en el  art. 173 de la Ley 10027 que deberá suspenderse todo procedimiento relacionado con la cuestión.-

A fs. 44 solicita su apartamiento el Sr. Vocal Dr. Carubia, el cual no es admitido por resolución del Tribunal obrante a fs. 48/51vta.-

III.- Así expuestos los antecedentes relevantes del subexámine, cabe definir si la situación puesta a consideración de este Tribunal se enmarca dentro del supuesto previsto en el art. 205, inc. 1, ap. b) de la Carta Magna Provincial y los arts. 676 a 678 del CPCC. A tal fin es preciso puntualizar que lo que define el conflicto de poderes en el sentido institucional y legal, en los términos de las normas señaladas, es la efectiva contienda entre autoridades en cuanto refiere a facultades, y toda vez que una desconoce a la otra y reclama para sí sus atribuciones invadiendo su ámbito y esfera de actuación o impidiéndole su ejercicio, por considerar que en razón de la materia la misma se encuentra comprendida -en forma expresa o implícita- dentro del espectro de las atribuciones que a cada una le otorga el ordenamiento jurídico positivo.

Tiene dicho este Tribunal que: “… Debe existir una real y efectiva situación de contienda que signifique un claro avance sobre las atribuciones de otro poder; la procedencia de esta acción -entonces- esta dirigida exclusivamente para ‘los supuestos en los que se enunció un avasallamiento injerencia o desconocimiento de las atribuciones de un órgano -el denunciante- por parte de otro -el denunciado- pero no puede tener por finalidad paralizar la acción, legítima o no, de este último cuando ejerce facultades que en modo alguno pueden serle atribuidas a aquél’ (cfre. CAMPS, Carlos Enrique, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires – Anotado, Comentado, Concordado”, Tomo II, Edit Lexis Nexis- Depalma, 2004″.”Presidente Municipal de Urdinarrain c/ Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Urdinarrain s/ Conflicto de Poderes, sentencia del 06/04/2011;” Municipalidad de la Ciudad de Colón c/ Fadel S.A. – Acción de Lesividad – Competencia, sentencia del 11/12/2015)’”.-

En ese marco de análisis, cabe puntualizar que de acuerdo a lo prescripto en el art. 205, inc. 1, ap. b) las cuestiones de competencia entre los órganos ejecutivo y deliberativo de cada municipio habilitan la competencia originaria de este Cuerpo, estableciendo el art. 676 del CPCC que el conflicto de poderes es aquél donde un poder o una municipalidad o una rama de la corporación municipal, se atribuye o ejerce competencia, invade o ejercita atribuciones que corresponde a otro poder a otra municipalidad o a la otra rama del poder; y, cuando una rama de la corporación municipal niegue o desconozca la existencia legal de la otra, o a su autoridad o los actos que practicare, entorpezca o impida el libre ejercicio de sus funciones, competencia que a nivel municipal -y en supuestos de conflicto internos de poderes- también se consagró en el art. 173 de la Ley 10.027.-

Ahora bien a partir de dicho marco normativo, en el supuesto de autos, sea que se concluya que el Viceintendente Municipal integra desde el punto de vista orgánico funcional el Poder Ejecutivo, en orden a lo dispuesto en los arts. 233, 234 y 236 de la Carta Magna y 104 y concs. de la Ley 10.027 o sea que se lo considere como un órgano extra poder de acuerdo a sus específicas atribuciones en ambos órganos del Municipio, se advierte en esta instancia de análisis preliminar que la suspensión dispuesta por el órgano deliberativo al Viceintendente Municipal -a la que el ocurrente atribuye una injerencia directa  con las funciones que le son propias y exclusivas, que comprenden no sólo la dirección y representación de ese órgano deliberativo sino también la sucesión del Departamento Ejecutivo que por efecto de la medida suspensiva recae en otro funcionario (concejal a cargo de la Presidencia del Concejo deliberante que no fuera electo para ello)- tal como se resolviera en la causa “RISSO, Alcides … s/ Amparo”, y sin perjuicio de los alcances del poder disciplinario del Honorable Concejo Deliberante sobre los miembros del Departamento Ejecutivo en los supuestos expresamente previstos que hace a la legitimidad del acto cuestionado y que no es materia de debate en esta instancia, constituye prima facie un acto típico de conflicto de poderes sobre el que deberá pronunciarse oportunamente este Alto Cuerpo, para cuyo conocimiento resulta competente exclusiva, excluyente y originariamente.

IV.- Asimismo, y en relación al pedido de suspensión de los procedimientos relacionados con la cuestión planteada en autos, compartiendo lo dictaminado por el Ministerio Fiscal y en orden a lo dispuesto en el art. 173 de la Ley 10027, propongo se admita lo peticionado suspendiéndose durante la tramitación y hasta la resolución del presente la medida suspensiva controvertida dispuesta por el Art. 1º del Decreto Nº095 de fecha 7/12/2016 dictado por el Cuerpo Deliberante del Municipio de Victoria.-

V.- En dicha línea de razonamiento y en sintonía con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, propongo al acuerdo se declare la competencia de este Alto Cuerpo para entender en autos y se disponga la suspensión del procedimiento relacionado con el conflicto de poderes puesto a consideración de este Tribunal durante la tramitación del proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva, debiendo imprimirse al presente al debido trámite de ley. ASI VOTO.

A SU TURNO LA SRA. VOCAL DRA. MEDINA DE RIZZO DIJO que adhiere al voto de la Dra. Pañeda.-

A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. SALDUNA DIJO:

I.- Me remito, en cuanto a los antecedentes del caso, al relato que desarrolla la Sra. Vocal de primer voto.

II.- Respecto a la solución propuesta, del análisis de las postulaciones formuladas por el accionante, comparto la solución a la que arriba el sufragio ponente.

Al respecto, y tal como razonara al intervenir oportunamente en la citada causa “RISSO, JOSÉ ALCIDES C/MUNICIPALIDAD DE VICTORIA S/ACCIÓN DE AMPARO”. Expte. 22475″, sentencia de fecha 13/01/2017, resulta ineludible reparar en la norma de nuestra Constitución Provincial, que en su art. 233 establece que “el gobierno de los municipios está compuesto por dos órganos, uno ejecutivo y otro deliberativo”. El art. 234 señala que “el departamento ejecutivo está a cargo de un funcionario con el título de presidente municipal, que es elegido por el voto directo del pueblo a simple pluralidad de sufragios. En la misma fórmula y por el mismo período se elegirá un vicepresidente municipal (…)”. El art. 236 determina que “el órgano deliberativo está integrado por un concejo deliberante presidido por el vicepresidente municipal (…). En las deliberaciones el vicepresidente tiene voz, y sólo vota en caso de empate”.

Sobre ello, en referencia a la ubicación que el constituyente parecía otorgarle dentro del articulado, he sostenido que al vicepresidente municipal “se lo considera formando parte del Ejecutivo”,  (Salduna, Bernardo, “Constitución de Entre Ríos”, Dictum Ediciones, Paraná, 2009, p. 614).

Resulta pertinente -por la analogía que guarda con el cargo en cuestión- remitirse al análisis que doctrina calificada ha efectuado acerca del cargo de Vicepresidente de la Nación. En este sentido, mi comentario es concordante con el criterio del Dr. Badeni, que al preguntarse acerca de “¿qué órgano integra el Vicepresidente?”, considera que “el Vicepresidente también integra el Poder Ejecutivo porque, sin mengua de las funciones que le asigna la Constitución, su rol fundamental es el de sustituir, temporal o definitivamente al Presidente en la jefatura del Poder Ejecutivo cuando se presenta alguna de las hipótesis del art. 88 de la Ley Fundamental.” E insiste el autor: “Pero, si bien integra el Poder Ejecutivo, disfruta de plena independencia para ejercer las funciones que le asigna la Ley Fundamental” (Badeni, Gregorio, “Tratado de Derecho Constitucional”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, T. III, p. 607).

En este marco, se ha señalado que ubicar jurídicamente al Vicepresidente de la República “no es tarea fácil. De acuerdo con los principios elementales del Derecho Político, existe una división clásica de los Poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Claro está que en realidad lo que se divide es el ejercicio del Poder, no el Poder mismo, que es indivisible (…) Estos conceptos que parecen elementales, no lo son tanto cuando tratamos de encasillar al Vicepresidente: se nos escapa como agua entre las manos y nos encontramos con un criterio general, según el cual no solamente resulta difícil encuadrar este funcionario, sino que hasta se lo desubica, colocándolo fuera de los tres poderes. Resulta absurdo ubicar al Vicepresidente dentro del Poder Judicial; nada tiene que ver con él. Menos absurdo, pero no por ello menos incorrecto, es considerarlo formando parte del Poder Ejecutivo. De acuerdo a nuestra constitución, el Ejecutivo es unipersonal; lo ejerce el Presidente de la República y no lo comparte con nadie (…). Sólo nos queda el Poder Legislativo, pero su encuadramiento dentro del mismo no resulta fácil; el Vicepresidente es el Presidente del Senado; sin embargo la teoría dominante es que él no forma parte de ese cuerpo. Según Wilson, no es miembro de la Alta Cámara y se limita a presidir sus sesiones (…) Gonzalez Calderón, luego de hacer un elogio del Vicepresidente, a quien considera el segundo magistrado de la Nación, dice de él que si bien es el Presidente nato del Senado, se trata de un funcionario “extraño al cuerpo” Igual opinión tiene Joaquín V. González y Rafael Bielsa. (…) De modo, pues, que según la opinión general, el Vicepresidente no integra ninguno de los Poderes del Estado. No forma parte lógicamente, del Poder Judicial; ni del ejecutivo, que es unipersonal; ni tampoco del Poder Legislativo, no obstante su cargo de Presidente del Senado. Nos encontramos así con un funcionario sin ubicación aparente dentro del marco constitucional clásico; y ello a pesar de intervenir activamente en el funcionamiento de una de las ramas del Legislativo, y ser el posible futuro titular del Ejecutivo; pero en el Interín, ninguno de los tres Poderes parece darle cabida.” (Derecho Constitucional, Doctrinas Esenciales, Dir: Segundo Linares Quintana, Ed. La Ley, T. I, pp. 1067/1070).

Retomando la mirada hacia nuestro texto constitucional entrerriano, he señalado las diferencias entre la situación del vicepresidente municipal respecto de la de los concejales. Resulta curioso, pero además de la condena penal firme (art. 249 CP), pareciera que los concejales, sólo pueden destituirlo por “incapacidad sobreviniente” que impida desempeñar su cargo (Salduna, op. cit., pp. 649 y 650). Vale decir que, según parece, los concejales sólo tienen potestad para destituir al vicepresidente municipal en esos taxativos supuestos (condena penal e incapacidad). Y tan  sólo para removerlo de su cargo. No para “sancionarlo”, como aquí ha sucedido.  Sin embargo, el art. 250 establece que el concejo deliberante podrá, con el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir y aun excluir de su seno a cualquier concejal por “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones o por causa de incapacidad sobreviniente que le impida desempeñar su cargo.”.

III.- En cuanto al caso concreto bajo análisis, deviene ineludible recapitular algunos aspectos fundamentales de lo acontecido:

1) El Presidente Municipal, mediante decreto Nº 722/2016, dispone la instrucción de una información sumaria para establecer si se han producido irregularidades en la elaboración y/o publicación de un comunicado emitido por el área de Prensa Municipal.

2) En cumplimiento de ello, el Sr. Instructor, Dr. Elías Eduardo Ruda, expide su informe sugiriendo, en lo que aquí interesa, que se remita una copia del mismo al Honorable Concejo Deliberante para que disponga el tratamiento que estime conveniente ante la posibilidad de que el funcionario haya incurrido en mal desempeño (fs. 79/86).

3) El Presidente Municipal, por Decreto 915/2016 cierra la información sumaria (art. 1º). Y sugiere al Honorable Concejo Deliberante, la formación de causa al Vicepresidente José Alcides Risso, cuya resolución final sólo puede ser dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia en los términos de los arts. 173 y 174 de la ley 10027.  Vale decir, que la cuestión a entender del Presidente Municipal, debía canalizarse a través del “conflicto de poderes” (fs. 87/91).

4) El Concejo Deliberante, luego de iniciar sumario administrativo contra el Presidente del cuerpo (art. 1 del decreto 091/2016, fs. 97/98), emite el Dec. Nº 095/2016 (fs. 42/49) en el que, pese a reconocer que la figura del Vicepresidente proviene del Departamento Ejecutivo (fs. 47), como cumple funciones legislativas, asume la facultad para poder sancionarlo.

IV.- Por todo lo expuesto, sea que se comparta la opinión doctrinaria en relación a la pertenencia de la figura del Vicepresidente al Poder Ejecutivo, o sea que se lo conceptualice como funcionario “extrapoder”, lo cierto es que en mi criterio, aquí se verifica lo que la norma prevé al regular el denominado “conflicto de poderes”. En este punto, es necesario señalar que si bien el art. 173 de la ley 10027 establece que son tales, “aquellos conflictos que se produzcan entre el Departamento Ejecutivo y el cuerpo deliberativo”, el art. 205.1º.c), de  nuestra constitución provincial, al referirse a la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, refiere a “aquellos conflictos internos de las municipalidades y comunas”, estableciendo una conceptualización más amplia que la norma legal, que abarca conflictos institucionales de mayor rango de alcance institucional. En esa dirección es de destacar lo que afirma el apoderado del Municipio (fs. 99 y 99 vta,): esto es, que su intervención en estas actuaciones no responden a que el Departamento Ejecutivo fuera quien dictara la medida atacada, sino que en esta clase de procesos, el Concejo Deliberante, único órgano que intervino en el decreto cuestionado, no posee legitimación procesal pasiva para presentarse per se; pudiendo hacerlo, precisamente, en el procedimiento previsto para “conflicto de poderes”.

V.- Por tales razones, adhiero al sufragio ponente, en cuanto a declarar la competencia de este Superior Tribunal de Justicia en estos autos. Y, de conformidad a los establecido por el art. 173 de la ley 10027, entiendo que debe admitirse lo peticionado en cuanto a la suspensión -durante este trámite y hasta su resolución- de lo dispuesto por el art. 1º del Decreto 095 de fecha 07/12/2016, dictado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Victoria. ASÍ VOTO.-

A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. CASTRILLON DIJO que adhiere al voto del Dr. Salduna.-

A SU TURNO EL SR. VOCAL DR. CARUBIA DIJO que adhiere al voto de la Dra. Pañeda.-

A SU TURNO LOS SRES. VOCALES DRES. CARLOMAGNO, SMALDONE, GIORGIO Y MIZAWAK DIJERON que hacen uso del derecho de abstención previsto en el art. 33 de la L.O.P.J..-

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado  el acto quedando acordada la siguiente sentencia:
FDO. DRES. MIZAWAK –  SALDUNA – CARUBIA – CARLOMAGNO – MEDINA DE RIZZO  – PAÑEDA – CASTRILLON – SMALDONE – GIORGIO.-

SENTENCIA:

PARANA,  2  de agosto   de 2017.-

VISTO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede; por unanimidad de quienes emitieron opinión y lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal;

SE RESUELVE:

I.- DECLARAR la competencia de este Alto Cuerpo para entender en los presentes autos.-

II.- DISPONER la suspensión del procedimiento relacionado con el conflicto de poderes puesto a consideración de este Tribunal -aplicación art. 1º del Decreto 095, de fecha 07/12/2016, dictado por el Concejo Deliberante del Municipio de Victoria- durante la tramitación del proceso y hasta el dictado de la sentencia definitiva, debiendo imprimirse al presente el debido trámite de ley.-

Regístrese, notifíquese,  líbrese el despacho pertinente al  Concejo Deliberante del Municipio de Victoria haciéndole saber lo aquí resuelto en el punto II.- de la presente a sus efectos, quedando su confección y diligenciamiento a cargo de la parte actora.-
FDO. DRES. MIZAWAK –  SALDUNA – CARUBIA – CARLOMAGNO – MEDINA DE RIZZO  – PAÑEDA – CASTRILLON – SMALDONE – GIORGIO.- ANTE MI: JULIO C. PEREZ DUCASSE – SECRETARIO S.T.J.E.R.

SE REGISTRÓ. CONSTE.-

Finalmente en el mediodía de ayer martes 8 de mayo  2018 salió el Fallo que hace lugar a la demanda y anula el Decreto 095/16 e impone multa de tres juristas a cada miembro del Concejo Deliberante.


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